Caracas.— La oposición venezolana mostró ayer un nuevo ímpetu en su afán de revocar al presidente Nicolás Maduro, tras la multitudinaria marcha realizada este jueves en Caracas en la que, según las estimaciones de la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), participaron más de un millón de personas.

En un primer balance, el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró que un millón 100 mil venezolanos se movilizaron en Caracas para presionar al poder electoral a fin de que publique una agenda que incluya la fecha del referéndum revocatorio y de las elecciones de gobernadores.

Dijo que en la denominada “Toma de Caracas” tres grandes avenidas fueron copadas de gente, pese a los obstáculos puestos por el gobierno.

En conferencia de prensa, el opositor indicó que miles de venezolanos en 49 ciudades del extranjero también se manifestaron a favor del revocatorio y que, en suma, cerca de 2 millones de venezolanos se movilizaron el pasado 1 de septiembre. Reiteró el llamado a nuevas acciones, como las 24 marchas que harán el próximo miércoles hacia las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todos los estados, para seguir presionando por la consulta.

Además, tras protagonizar “la más importante movilización de la historia política venezolana” la MUD planea ahora la “Toma de Venezuela”, una protesta de 24 horas de duración prevista para el 14 de septiembre, un día después de que, esperan, el CNE anuncie la fecha del último paso previo a la convocatoria del revocatorio.

Reacciones en España. El gobierno español considera que la marcha celebrada en Caracas ha puesto de manifiesto el apoyo popular a la vía del referéndum revocatorio del presidente Maduro para que se haga este año.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores subrayó en un comunicado que el gobierno se congratula de que esa movilización se haya desarrollado de forma pacífica y destacó que la protesta “debe constituir un nuevo impulso para un muy necesario diálogo entre el gobierno y la oposición, que culmine en una auténtica reconciliación”.

En respuesta, la embajada venezolana en España denunció lo que llamó “presión injerencista”.

Acusan censura a prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusó al gobierno venezolano de no ofrecer las debidas garantías al ejercicio periodístico y negar el ingreso al país de reporteros internacionales para la cobertura de la “Toma de Caracas”.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, condenó la prohibición de entrada en el país suramericano de numerosos periodistas internacionales y aseguró que “esta situación desenmascara el lado autoritario del gobierno venezolano, alejado de estándares democráticos”.

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