Acusan en P. Rico a dos taxistas por dañar auto de Uber

El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, informó hoy de la presentación de cargos contra dos taxistas por ocasionar daños a un vehículo registrado en la plataforma Uber, cuyo reciente desembarcó en la isla caribeña ha levantado gran controversia.

El comunicado señaló que los cargos, que incluyen además haber violado la Ley de Armas, fueron presentados contra Jadiel Hernández Alberty y Yamil Rivera Navarro, quienes se identificaron como taxistas tras un incidente ocurrido el pasado martes.

El informe de la investigación policial detalló que ambos sujetos dañaron el martes un vehículo compacto de la red de transporte Uber en las inmediaciones del área de Isla Verde de la capital puertorriqueña.

Por el momento pesa un cargo contra cada individuo por infringir el artículo 198 del Código Penal por causar daño a la propiedad y un cargo por el Artículo 5.05 por utilización de arma blanca.

En el lugar del incidente fueron ocupados una cuchilla y un punzón con los que presuntamente causaron daños a los neumáticos del vehículo.

"Es inaceptable todo acto de violencia y no existe justificación alguna para colocar en riesgo y comprometer la seguridad de los usuarios de Uber o de cualquier otro servicio de transporte", indicó Miranda.

La noticia de la demanda presentada por el Departamento de Justicia se produce después de que hoy la Policía informó de los daños causados contra un vehículo registrado para ofrecer servicios de Uber, también en el área de Isla Verde.

El jefe de la Policía de Puerto Rico, José Caldero, explicó que han sido múltiples los incidentes violentos perpetrados contra conductores del servicio Uber durante los últimos días.

"Recalcamos la importancia de la cooperación ciudadana y hacemos hincapié en que los perjudicados deben completar el proceso de presentar querella y continuar participando del proceso criminal contra los agresores", subrayó.

Uber confirmó el pasado 21 que reanudaba sus servicios en Puerto Rico tras aceptar un tribunal el permiso provisional del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), lo que puso fin a la polémica desatada por su desembarco en la isla, a la que se opone el sector del taxi.

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