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Poco antes del mediodía de este lunes fueron leídos los argumentos de la sentencia del caso Curuguaty, en Asunción, en un clima de tensión. Se trata de la resolución final del juicio a 11 campesinos por una masacre en la que murieron otros 11 civiles y seis policías, el 15 de junio de 2012, aunque en el juicio sólo se evaluó la muerte de los agentes.
El hecho se dio en Curuguaty, a casi 250 kilómetros de Asunción, cuando la policía llegó a desalojar a unos 70 campesinos de tierras que habían ocupado para exigir que fueran incorporadas a una reforma agraria, y desde la multitud se abrió fuego.
La masacre de Curuguaty derivó en la destitución del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, cuando la Cámara de Diputados lo acusó de mal desempeño y de responsabilidad política por estos enfrentamientos entre campesinos y policías.
Los partidarios de los condenados dijeron que el juicio fue una farsa, y quieren la nulidad. El abogado Amelio Sisco, uno de los defensores de los 11 penados, dijo que la fiscalía no presentó pruebas fidedignas contra los acusados y que el fallo tiene sustentos políticos. “El proceso fue totalmente irregular y se violentaron todos los derechos del debido proceso”, dijo Sisco a la prensa paraguaya. “No hay indicios valederos para llegar a la condena, que se basa en alegatos y no en pruebas”.
Sisco dijo que ni siquiera se pudo determinar qué armas mataron a los policías. Otro de los defensores, Víctor Azuaga, dijo que la sentencia “no tiene valor jurídico”. “Es una payasada y una parodia”, expresó.
La semana pasada, en un comunicado conjunto, Amnistía Internacional y OXFAM señalaron que la fiscalía “no ha explicado de forma convincente los motivos por los cuales no investigaron tales muertes [las de los campesinos], ni la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales a campesinos”.
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