ONG reportan abuso policiaco en Venezuela

Abusos en redadas policiales y militares en zonas populares y de inmigrantes se registran en Venezuela, de acuerdo con un informe conjunto que difundieron Human Rights Watch (HRW) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

En el reporte divulgado este lunes, denuncian que se dan casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de los arrestados, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y deportación arbitraria de colombianos.

Los organismos analizaron operaciones policiacas en el país desde julio de 2015, en el marco de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Según el texto titulado Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela, las víctimas y sus familiares no saben a dónde acudir para proteger sus derechos humanos, porque “las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos —incluyendo asesinatos ilegales— nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan de su protección”.

Los organismos analizaron declaraciones de víctimas de abusos de Caracas, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia. Además de Mérida y Táchira.

El reporte también refirió que de acuerdo con la fiscal Luisa Ortega Díaz, 245 personas murieron en el marco de la OLP en 2015, en casos en que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Decenas más han sido asesinadas desde comienzos de 2016.

Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han afirmado que estas muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados.

No obstante, Provea y HRW exponen en el documento 20 casos en los cuales familiares de las víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún choque. Además, más de mil 700 colombianos fueron deportados, informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

“Durante más de una década, el gobierno venezolano ha ejercido sobre sus críticos y opositores un poder prácticamente sin límites, y ha realizado acciones como encarcelar a políticos, crear listas negras de sindicalistas, censurar y clausurar medios de comunicación, perseguir a defensores de derechos humanos y reprimir manifestaciones pacíficas”, declaró Rafael Uzcátegui, director ejecutivo de Provea. Los organismos prevén exponer sus hallazgos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.