El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, detenido tras renunciar la semana pasada al cargo, fue citado para que explique al juez del caso la procedencia de casi 700 mil dólares que le fueron embargados en el marco de la investigación por su supuesta vinculación a una red de corrupción.
La citación fue emitida por el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, e indica que Pérez Molina deberá comparecer este viernes al juzgado a las 14:00 hora local (20.00 GMT) acompañado de su abogado César Calderón.
En la audiencia, el exmandatario deberá presentar pruebas sobre el origen de los recursos que tenía en cinco cuentas bancarias en quetzales, la moneda local, y una en dólares.
La comparecencia fue solicitada por Pérez Molina, quien renunció a la Presidencia de Guatemala la semana pasada para enfrentar a la Justicia, ante la cual ha defendido su inocencia.
El juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, explicó ayer a periodistas que a petición del Ministerio Público (MP) ordenó el embargo de las cuentas como medida cautelar, lo que implica que no puede utilizar los recursos hasta que demuestre su origen.
Según Villeda, fueron congelados 5 millones 228 mil 360 quetzales y 22 mil 723 dólares con el objetivo de "asegurar los bienes" .
Pérez Molina está en prisión desde el pasado 3 de septiembre, cuando el Congreso aceptó la renuncia que presentó y juramentó a Alejandro Maldonado, hasta entonces vicepresidente, como el nuevo jefe de Estado de Guatemala.
El general retirado, de 64 años, fue imputado por la Fiscalía de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera por el caso de corrupción conocido como "La Línea".
Esa estructura, en la que se involucra a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión preventiva, fue desmantelada el pasado 16 de abril por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Pérez Molina ha negado cualquier vínculo con la red y ayer su abogado apeló la decisión del juez Gálvez de ligarlo al proceso y dejarlo en prisión preventiva.
El argumento de la apelación es que no existen pruebas concretas de la participación de Pérez Molina en los delitos que le imputa la Fiscalía.
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