Colombia: acuerdan Comisión de la Verdad

El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC acordaron la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los hechos de violencia ocurridos en más de medio siglo de conflicto y fije responsabilidades, un mecanismo que despejaría el camino para la firma de un pacto de paz, anunciaron ayer los garantes.

El acuerdo se dio en un ciclo marcado por el recrudecimiento de las hostilidades que han incluido bombardeos a campamentos rebeldes en los que han muerto unos 40 insurgentes en las últimas dos semanas.

“El gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el acuerdo final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial”, dijo un comunicado conjunto leído por Rodolfo Benítez, garante cubano del diálogo.

La comisión, que será financiada por el Estado y estará conformada por 11 personas escogidas tras un proceso de seis meses, funcionará por tres años luego del acuerdo final y una vez que las FARC hayan dejado las armas.

“La comisión tendrá como mandato esclarecer y promover las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del gobierno y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto”, agregó el comunicado.

El anuncio fue celebrado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder negociador de las FARC en la mesa, Iván Márquez. “Importante paso”, tuiteó Santos. “El gobierno se compromete a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto”, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, enfatizó el texto del comunicado conjunto.

Las FARC reiteraron su rechazo a normas penales “diseñadas para un solo destinatario” y presentadas “unilateralmente” por el gobierno. Afirmaron que “jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión con el terrorismo de Estado”.

El actual proceso de diálogo para poner fin al conflicto ha logrado acuerdos para dar acceso a la tierra a los campesinos pobres, facilitar la transformación de la guerrilla en un partido político, combatir el narcotráfico y sobre el desminado.