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juan.barrera@eluniversal.com.mx
Pedro de Jesús, de 28 años, quien resultó herido luego de que el pasado 24 de mayo habitantes de Atlatongo lo retuvieron y golpearon junto con otro hombre y una mujer —que murieron linchados— fue trasladado al penal de Otumba luego de que un juez de control determinó legal su detención.
En los próximos días se realizará la audiencia para determinar si es vinculado a proceso.
El procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez afirmó que no habrá impunidad en el caso de Atlatongo, por lo que analizan fotografías y videos para ubicar a las personas que participaron en el linchamiento de los tres presuntos secuestradores, dos de los cuales murieron.
Agregó que hubo elementos suficientes para consignar ante un juez al detenido, como la declaración de Ezequiel, la presunta víctima de secuestro, y la confronta, entre otras pruebas, por lo que finalmente el juez determinó la legal la detención.
Aclaró que los 18 pobladores de Atlatongo fueron liberados debido a que no fueron detenidos en flagrancia y no existían pruebas en su contra, aunque siguen bajo investigación.
“Lo que he señalado con toda puntualidad es que no teníamos los elementos, los datos de prueba necesarios para establecer que había flagrancia por el delito de homicidio, porque los señores no estaban ni siquiera en el lugar de los hechos donde se había dado”, afirmó.
Reiteró que la procuraduría mexiquense analiza videos, fotografías y reportes policiacos, así como testimoniales, para ubicar a los agresores de las tres personas.
El procurador reconoció que Pedro de Jesús “es probable responsable del
delito de secuestro, pero no deja de ser víctima de lesiones y privación
de la libertad. Vamos a investigar, no podemos tolerar que se haga justicia por propia mano”.
En tanto, en Atlatongo hay tensión. Habitantes vigilan las entradas y salidas de su comunidad para detectar personas extrañas, entre ellos reporteros.
Los pobladores temen que familiares de las personas linchadas intenten cobrar venganza o que en cualquier momento ingresen policías ministeriales y detengan a presuntos participantes del linchamiento.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que los actos de linchamiento o la justicia por propia mano reflejan la pérdida de valores y muestran la violencia extrema de aquellos que exigen justicia, pero se apartan de las normas de convivencia legales y actúan fuera del Estado de Derecho.
Expresó su preocupación por los hechos de Santiago Atlatongo y aseguró que la conducta de una sociedad no tiene justificación cuando se falta al acatamiento de la ley y se recurre a vías indebidas para aplicar justicia.
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