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Toluca, Méx.— El Congreso local aprobó por unanimidad de votos la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México, en la cual se establecen medidas que buscan ante todo preservar la vida y restituir la libertad de las víctimas, proteger su integridad física y psicológica, así como detener y sancionar a los culpables de estos hechos.

Tan sólo en lo que va del año, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del gobierno federal, en el Estado de México se habían registrado un total de 124 secuestros entre enero y octubre de este año, por lo que se espera que la cifra sea mayor al cierre del mes de diciembre.

En enero de 2014 se registraron más secuestros que en ningún otro mes, con 18 eventos, al igual que en junio; mientras que en febrero y marzo se registraron otros 15 secuestros, por cada mes, en abril 10 y en marzo 14; en septiembre, 13 y en los meses restantes entre seis y siete casos, respectivamente, según muestran los datos oficiales.

El año pasado en el mismo periodo se registraron un total de 145 secuestros denunciados.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal y aprobada por la Legislatura, plantea la conformación de un Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar el secuestro, el cual estará encabezado por el propio gobernador en turno; el procurador; el responsable de seguridad; el Consejo de la Mujer; los secretarios de Salud y Educación; la Comisión de Derechos Humanos; representantes de los ayuntamientos, de la iniciativa privada y algunas otras instancias gubernamentales.

El consejo se crea como un órgano de consulta, colaboración, concurrencia y apoyo interinstitucional que tiene por objeto coordinar, evaluar, promover y conjuntar esfuerzos, políticas y programas y acciones para la prevención, atención y combate del delito de secuestro en la entidad.

La nueva ley asigna actividades específicas a cada instancia para atender el tema de secuestro en el ámbito de sus respectivas competencias; por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, éstos deberán elaborar y desarrollar programas, políticas, proyectos y acciones que contribuyan a prevenir y combatir el secuestro dentro de sus demarcaciones territoriales.

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