Critica PRD fallas de seguridad en el Aeropuerto capitalino

Después de las detecciones ilegales y arbitrarias ocurridas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el diputado local del PRD, Alejandro Ojeda, criticó la falla en los protocolos de seguridad en esta zona.

Por ello, pidió a las autoridades federales implementen medidas de seguridad eficaces para salvaguardar la integridad de los usuarios.

Dijo que después de conocer los casos de Óscar Álvaro Montes de Oca y Angélica López, quienes fueron violentados en su derecho de presunción de inocencia, surge la necesidad de que el AICM y la policía federal pongan atención en las deficiencias que prevalecen en los operativos de seguridad.

“Claramente se advierte que (las autoridades) se encuentran rebasadas porque ni siquiera saben los orígenes y el destino de los objetos que viajan por aire”, opinó el asambleísta.
Ojeda Anguiano cuestionó que en el país se esté cayendo en el absurdo de que un pasajero tenga que vigilar sus pertenencias, cuando es deber de las autoridades garantizar la seguridad de los viajeros.

“El hecho de efectuar detenciones sin realizar las debidas investigaciones es muestra de que están trabajando sin una estrategia clara que resuelva la problemática… Las declaraciones de los detenidos dejan ver que no existen protocolos o en su caso no se aplican, es exigible que respondan por los agravios en perjuicio de los pasajeros”, advirtió el también diputado federal electo.

El legislador local dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe emitir  cuanto antes una recomendación para que se implementen medidas de supervisión y control para poner freno a las detenciones arbitrarias. Además de que los usuarios sean tratados con respeto.

“Frecuentemente hay reclamos por los actos arbitrarios de la Policía Federal, cuyos elementos sin estar facultados para ello efectúan revisiones aleatorias a pasajeros y usuarios en diversos aeropuertos del país”, agregó.

Como  inaceptables calificó las resoluciones emitidas de manera exprés por la Procuraduría General de la República, enviándose a los afectados a penales de alta seguridad, sin tener clara su condición jurídica y, además, lejos de su lugar de origen, como es el caso de Nayarit, lo que dificulta la defensa.

ahc