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La diputada constituyente Olga Sánchez Cordero, del grupo de seis legisladores designados por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, rechazó la creación de un Tribunal Constitucional que, de acuerdo con el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, sería la máxima instancia para hacer valer los derechos contenidos en el texto, así como resolver controversias y acciones de índole inconstitucionalidad.

El proyecto enviado por el Ejecutivo local a la Asamblea Constituyente resalta “entre los principales avances” la conformación del Tribunal Constitucional como principal órgano de interpretación de la Constitución y una de las instituciones en las que se deposita el Poder Judicial local.

Sin embargo, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una de las seis diputadas designadas por el propio Mancera Espinosa, elaboró una iniciativa en la cual expuso que un tribunal de este tipo traería problemas en las resoluciones del Poder Judicial, por lo cual propuso que sólo haya una Sala Constitucional adscrita al Tribunal Superior de Justicia local (TSJ).

A su vez, la inciativa aclara que el presidente del Tribunal Superior también sería el titular de la Sala Constitucional, según la propuesta publicada el 3 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente.

“Puede generar sentencias contradictorias”. En la exposición de motivos de su iniciativa, la ex ministra Sánchez Cordero asegura que en países donde coexisten a nivel local un Tribunal Constitucional y uno Superior de Justicia “se generan tensiones en la resolución de los asuntos que se encuentran en los límites entre la legalidad y la constitucionalidad; se generan sentencias contradictorias entre ambos tribunales lo que genera una tutela judicial deficiente”.

La legisladora añade que en México diversas entidades optaron por establecer salas constitucionales que han funcionado, por lo que el tribunal “supone crear una distorsión” a esa tendencia.

La propuesta de la diputada indica que el artículo 41 no crea el Tribunal Constitucional, sino la Sala Constitucional y cambia la designación de sus siete miembros.

Plantea que además del presidente del Tribunal Superior, tres integrantes sean nombrados por mayoría del pleno de dicho tribunal y otros tres por el jefe de Gobierno.

En contraste, el proyecto de Constitución marca que a propuesta del Consejo de la Judicatura, los magistrados sean designados por dos terceras partes del Congreso local.

La iniciativa de la magistrada en retiro incluye en total 11 ajustes al artículo 41, como reducir de 10 mil a sólo mil el número de firmas que los ciudadanos tengan que colectar para presentar una acción que crean es inconstitucional.

De mantener el requisito de 10 mil firmas, señala que la figura sería “un adorno”, pues dificultaría su correcto acceso a la población.

Olga Sánchez envió cinco iniciativas. En otra, plantea derogar el artículo 42 por el que se crea el Consejo Judicial Ciudadano, pues considera que este órgano sería inconstitucional, debido a que su conformación estaría a cargo del Congreso local y eso invadiría facultes del Poder Judicial, señala.

Según el proyecto, el Consejo tendría la facultad de proponer a los integrantes del Consejo de la Judicatura y al titular de la Fiscalía General de Justicia.

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