Ambulantes piden ser incluidos en Constitución

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El gobierno de la capital del país se comprometió a instalar una serie de mesas de trabajo con comerciantes ambulantes a partir de esta semana para aclarar en qué términos serán considerados los trabajadores no asalariados en la Constitución de la Ciudad de México.

Después de que fueran replegados más de mil comerciantes informales en el circuito del Zócalo capitalino, el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, intervino y aseguró que las peticiones de este sector serán atendidas.

Organizaciones de comerciantes del PRI, PRD, PT y Morena establecieron el pasado 13 de julio un frente común para exigir garantías a su trabajo y emplazaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a que si no los recibía tomarían las calles .

El Movimiento por los Derechos Constitucionales de los Comerciantes Populares y Trabajadores No asalariados propusieron modificaciones al artículo 123, para que se reconozca a los comerciantes de vía pública.

Max Simón Romero, del Bloque de Organizaciones Sociales Emiliano Zapata, aclaró que una de las propuestas de este sector es que en la Constitución y en las leyes secundarias se señale claramente cuáles serán sus derechos y obligaciones en espacios públicos.

“Estamos dispuestos en pagar impuestos pero que nos reconozcan el derecho a trabajar; mientras no se generen suficientes fuentes de empleo no nos va a quedar de otra a seguir en las calles”, precisó.

Después de que policías de tránsito retuvieran por unos minutos el automóvil en que los ambulantes llevaban el sonido para impedirles el paso, Simón aseguró que hasta ayer las peticiones formales por parte de las autoridades no habían sido atendidas.

Comentó que al movimiento se han sumado más de 90 organizaciones, aunque que para que fuera una protesta pacífica se acordó que cada líder llevara sólo a 30 personas.

Los ambulantes se manifestaron en contra de los tianguis y romerías transnacionales que se instalan en el Zócalo capitalino, así como en otras zonas y espacios públicos que el gobierno ha privatizado.