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El consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, dio a conocer que como parte del proyecto de Constitución de la Ciudad de México se planteará eliminar el fuero para los servidores públicos locales.

Argumentó que con ello lo que se busca es generar “piso parejo” y que cualquier funcionario que cometa alguna irregularidad sea investigado de manera inmediata.

“Que se genere piso parejo, si alguien comete alguna irregularidad pues que sea de manera inmediata investigado por las autoridades. El jefe de Gobierno [Miguel Ángel Mancera Espinosa] se ha pronunciado en ello, en términos de que no hay un esquema de necesidad de que haya fuero, de que alguien tenga privilegios”, afirmó el abogado.

Manuel Granados destacó que como parte de la elaboración del proyecto de la Carta Magna capitalina, el grupo redactor analiza los alcances para eliminar cualquier tipo de privilegios y exenciones jurídicas para funcionarios locales. Indicó que otros de los temas que se analizan son la revocación de mandato, corrupción, transparencia y el derecho a la buena administración.

El consejero recordó que la semana pasada concluyeron las mesas de trabajo con el grupo de notables, por lo que ahora él junto el comisionado para la Reforma Política del Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo, y el jurista Rogelio Muñiz Toledo, iniciarán la redacción de los artículos.

Agregó que durante la primera quincena del mes de agosto se contempla tener el primer borrador de la Carta Magna.

Transparencia. Vecinos agrupados en Redes por una Constitución Ciudadana solicitaron al jefe de Gobierno dé a conocer el anteproyecto de Constitución, incluso antes de que el mandatario remita el documento a la Asamblea Constituyente.

“Al tratarse de un asunto histórico y de interés público de gran relevancia, éste debe ser procesado de forma abierta hacia la sociedad, por lo que resulta fundamental transparentar y publicitar los avances del proyecto, que hasta el momento se ha construido con los integrantes del grupo de trabajo”, indica el documento entregado ayer en las oficinas del gobierno capitalino.

Sobre esta petición, el consejero jurídico aseguró que la obligación, “por mandato constitucional”, es presentar el proyecto a la Asamblea Constituyente. “Hacerlo antes con organizaciones de cualquier índole es adelantarse a un mandato constitucional, el procedimiento es claro”, precisó.

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