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Empresas de transporte privado de pasajeros están deteniendo el desarrollo de los sitios de taxis del Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), dijo Pedro Ortiz, líder del Sitio 300.

En entrevista, sostuvo que, desde su perspectiva, el servicio que prestan es ilegal a pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México los reguló.

“El aeropuerto tiene que tomar medidas en el tema de Uber o está siendo responsable de los perjuicios de nuestra agrupación”, dijo.

El líder del Sitio 300 con más de 30 años de trabajo en el AICM señaló que existe un convenio en el que se aclara que no debe haber ningún problema entre las empresas y los taxistas concesionarios y que será labor de las autoridades hacerlo cumplir.

“Todas las organizaciones han acudido con el director del AICM y con el subdirector de terminal pero no hay resultados”.

Dijo que como organización no tienen miedo a la competencia siempre y cuando sea legal, aunque consideró que Uber no lo es.

Frente a las quejas por los altos costos de los viajes, José Pedro Ortíz no descartó que la agrupación haga un análisis tarifario aunque, dijo, siempre asegurando las ganancias de los operadores que prestan el servicio.

Piden investigar ilícitos. Miembros del Sitio 300 hicieron un llamado a autoridades federales a que investiguen a los ex líderes por considerar que han cometido ilícitos al no reconocer a la dirigencia electa.

El presidente electo del Consejo del Sitio 300, José Pedro Ortíz acusó que el ex representante Miguel Ángel Romero Mohar, pretende continuar al frente de la agrupación a pesar de que en 2014 se le destituyó.

Ortíz denunció que la resistencia a dejar el cargo está presuntamente apoyada por autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo que representaría un delito federal, dijo.

Señalaron que la agrupación padece incertidumbre jurídica por lo que pidieron intervención del presidente Enrique Peña Nieto, del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza y del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, para investigar lo que consideran anomalías y omisiones tanto de funcionarios de las mismas dependencias como del director del AICM, Alexander Argudín “quienes solapan a la dirigencia ilegal”, dijo Ortíz

Señaló que entre las irregularidades, Romero Mohar ha negociado concesiones y entregado más de 200 permisos a pesar de que no está permitido, esto en beneficio de sus familiares.

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