El falso debate de la partida secreta 

El Senado de la República aprobó la Ley de Austeridad Republicana. El nuevo ordenamiento garantiza el uso racional de los recursos públicos para su aprovechamiento en programas y acciones en beneficio de la ciudadanía. Con ello, se da vuelta a la hoja de una larga historia de abusos e impunidad en el ejercicio del poder público.

Con la Ley de Austeridad Republicana se prohíben: bonos, sobresueldos, duplicación de aguinaldos, oficinas lujosas, escoltas, viajes al extranjero en exceso, vehículos, helicópteros y aviones, seguros de gastos médicos y otros privilegios a costa del erario.

Uno de los temas más importantes desde el punto de vista simbólico es el fin de la llamada “partida secreta” del Presidente. Esto se suma a medidas como la desaparición del Estado Mayor Presidencial, el aprovechamiento de la antigua Residencia Oficial de Los Pinos como centro cultural abierto a la ciudadanía y la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en donde, por ejemplo, se cancelan las pensiones a los expresidentes y se limitan los ingresos de quienes se dedican al servicio público.

Es decir, la Ley de Austeridad Republicana se suma al paquete del nuevo andamiaje legal que tiene por objetivo limitar el poder de los gobernantes en el ejercicio de sus funciones.

En este contexto, se desató un falso debate en torno a la supuesta existencia de una “partida secreta” a partir de la reforma al segundo párrafo del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala:

“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por lo que hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular”.

Inferir que en esa redacción se establece una suerte de “partida secreta” es contrario a la verdad y parte del desconocimiento de las leyes vigentes y del proceso de elaboración y aprobación del presupuesto.

De entrada, la llamada “partida secreta” de la que disfrutaron los anteriores presidentes se establecía cada año en el presupuesto, no era auditable, por lo que no se podía conocer el destino del dinero. Era un presupuesto que el Presidente podía gastar en lo que quisiera, aun para necesidades personales, sin estar obligado a rendir cuentas. Eso ya no existe. Al contrario, la ley aprobada evita que los servidores públicos usen los recursos en beneficio propio.

Por otro lado, en el mismo artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establecen criterios generales para destinar los recursos, se habla de la obligatoriedad de un plan y de informes trimestrales.

En este mismo sentido, la Ley Federal de Austeridad Republicana en su artículo 7 indica que al final de cada año fiscal los entes públicos entregarán al Comité de Evaluación y a la Cámara de Diputados un informe en donde reportarán los ahorros obtenidos para ser evaluados.

El artículo 23 de la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que la Secretaria debe entregar informes trimestrales a la Cámara de Diputados de saldos en línea globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa". Además, la Secretaría está obligada a reportar los ahorros a la Cámara.

Como se puede observar, la reforma en materia de austeridad aprobada por el Senado de la República va en contra de la discrecionalidad del pasado y tiene el objetivo de cimentar una concepción más ciudadana del ejercicio del poder público. En conclusión: la Ley no permite que pueda haber Partida Secreta alguna.

Presidente del Senado