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Guerrero es México, como lo es Jalisco (y recuerdo a los tres estudiantes que desaparecieron el 19 de marzo), como lo es Michoacán (sobre todo por los habitantes de Tierra Caliente), y podemos seguir hablando de una gran cantidad de estados que tienen una realidad parecida.
Con las vacaciones de Semana Santa, muchas familias del Valle de México encontrarán en Acapulco, Ixtapa o Taxco destinos para pasar unos merecidos días de descanso. Las autoridades tratarán de reforzar la seguridad con operativos especiales que, esperemos, resultarán en una temporada vacacional sin incidentes que lamentar.
Pero esto no será reflejo de la realidad que viven las familias de Guerrero todos los días. En las ciudades, en las comunidades rurales, en la montaña y en la costa, la gente vive a diario sometida al abuso y la violencia de los grupos criminales. En muchos lugares ya no se puede poner un negocio porque los criminales han ahuyentado con extorsiones y secuestros a quienes pueden invertir. Ya no se puede estudiar, porque la gente con mayor preparación se ha ido y los estudiantes temen salir a la calle y ser reclutados a la fuerza por las pandillas. Y ahora en Guerrero tampoco se puede trabajar, porque la violencia está ahuyentando a las mayores empresas del país.
Prueba de ello es lo ocurrido con la empresa Coca-Cola FEMSA y su decisión de suspender sus operaciones en Ciudad Altamirano. La empresa fue muy clara en su comunicado al decir que “lamenta profundamente que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que afecta a la región la lleve a detener sus labores en un territorio en el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas (https://goo.gl/oVbWW5)”.
Si esto le pasa a una gran empresa, ¿qué puede esperar la gente más humilde? La respuesta nos la dio ayer El UNIVERSAL en un reportaje de investigación en el que narra el éxodo de miles de desplazados por la violencia en las comunidades rurales de Guerrero (http://eluni.mx/_jdmbxdk). Según una encuesta del INEGI citada en el reportaje, son 12,590 las personas que han tenido que dejar sus tierras, sus familias, sus raíces, a causa de los grupos delictivos. A esos guerrerenses, a los michoacanos que también vivían del crecimiento constante que tenía Ciudad Altamirano y a los miles que a diario salen de sus casas a trabajar en el campo y en la ciudad sin saber si van a regresar, el Estado mexicano les ha fallado.
Se abandonaron las instituciones de seguridad y de justicia. Se debe recuperar el liderazgo presidencial en materia de seguridad y fortalecer a las policías de todo el país. A la Policía Federal hay que convertirla en una de las mejores del mundo en términos de preparación para combatir el delito y en términos de la confianza de los ciudadanos. Fortalecer la seguridad en México obliga a impulsar una justicia cercana a la gente que realmente le dé respuesta a todos: desde la señora que perdió su casa y sus animales por tener que huir de su pueblo a cualquier otra ciudad, hasta las grandes empresas que hoy con razón exigen seguridad y alto a la impunidad. No voy a dudar y actuaré con valor y con valores, porque tenemos que recuperar la vida diaria de nuestros pueblos.
POR CIERTO. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México —con el que sí estoy de acuerdo— ha sido una de las obras más discutidas; puede haber muchas opiniones al respecto, pero también la certeza jurídica de los actos de gobierno son fundamentales para el crecimiento y el reconocimiento de un país. Estoy a favor de que las instituciones competentes revisen a fondo la transparencia. Estoy en contra de que un político autoritario crea que ya es Presidente y quiera decidir arbitrariamente sobre un proyecto estratégico para el país sólo por sus fobias ideológicas y partidistas. México se merece algo mucho mejor que eso.
Abogada
