En este sexenio, parece que decir “sólo las personas más preparadas y honestas deberían dirigir las instituciones públicas” es una especie de buen deseo pero nada más buen deseo. Y es que durante estos cinco años, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI, y buena parte de la así llamada “oposición” se han dedicado a lastimar la autonomía y dañar el funcionamiento de instituciones clave. Todo lo politizan y, por haberlo politizado, ya nos hemos quedado sin titulares en las instituciones.

Y abundan los ejemplos: cambiaron cuatro veces de Embajador en Estados Unidos; le dieron la Cancillería al responsable del peor error diplomático en la historia reciente; discuten integrantes de las instituciones como si fueran cuotas políticas. Sin ningún rubor han dejado acéfalas a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía Electoral (FEPADE). Y ya ni hablar de los jaloneos políticos que se han dado en torno a los nombramientos de consejeros en el Instituto Nacional Electoral, ministros de la Suprema Corte de Justicia y otras instituciones que deberían mantenerse completamente alejadas de intereses partidistas.

Por eso preocupa la propuesta que se espera que haga el Presidente para elegir al próximo gobernador del Banco de México, una institución clave para la economía mexicana. Cierto es que la fortaleza del Banco de México deriva de su diseño institucional y de la Constitución y las leyes que le otorgan autonomía plena, y que hoy en día hay economistas de primera línea en esa institución. Pero no es menos cierto que las personas importan, que el actual gobierno no ha cuidado realmente al Banco de México y, además, estar a la altura del trabajo de Agustín Carstens estos años no es un reto menor.

La autonomía del Banco de México fue una verdadera conquista de la oposición. Reconocida la autonomía en la Constitución, la ley ordinaria desarrolló con cuidado esa autonomía hasta tener un Banco de México fuerte. Si alguien entendió la importancia de la autonomía del Banco Central, fue precisamente su principal creador, Don Manuel Gómez Morín. En la exposición de motivos de la ley que crea el Banco de México —redactada por Gómez Morín— se señala que: “Hay, efectivamente, en un banco controlado por el gobierno, el gravísimo peligro de que el interés político pueda predominar en un momento dado sobre el interés público, es decir, que el gobierno represente el interés de los hombres pertenecientes al partido que lo constituye y prescinda del interés nacional”.

El actual gobierno del PRI todo lo ve con una corta visión electoral. Y un nombramiento que debió hacerse ya hace unos meses, lo dejó al final. Al final ¿para qué? Para jugar con su baraja de candidatos a la Presidencia de la República. Prefirió retrasar la decisión, prefirió abrir un frente más en medio de la incertidumbre económica que provoca un presupuesto que no ayuda a crecer; en medio de un Tratado de Libre Comercio a punto de terminarse y de una elección de la que los mercados financieros no quitan los ojos. El gobierno del PRI prefirió esperar y es claro que su preocupación no es por la autonomía de Banxico. Tan desinteresado está en dicha autonomía que escuchamos que una sola persona puede ser “candidato a la Presidencia de la República” o titular del Banco de México. Así de revuelto todo.

Mezclar la sucesión presidencial con la sucesión en Banxico y esperar hasta el último momento para tomar esta decisión por criterios políticos ha sido una irresponsabilidad más de este gobierno. “El horno no está para bollos” decían las abuelas. El Banco de México no es ni botín político ni premio de consolación, es una institución autónoma de la que depende mucho el futuro de nuestro país.

Abogada

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