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Hoy se lleva a cabo un nuevo proceso electoral en México. Dicho ejercicio democrático es un derecho y un signo de nuestra voluntad por vivir en una sociedad donde convivan armónicamente distintas visiones de país y diferentes fuerzas políticas, en la que se encuentre el equilibrio de opiniones en beneficio de toda la nación. Estas elecciones son inéditas pues nunca antes se ha competido de manera simultánea por más de 3 mil 400 cargos de elección popular, incluyendo la primera magistratura, ocho gubernaturas estatales y una jefatura de gobierno.
Lamentablemente, este proceso electoral también es singular por el alto nivel de violencia que se está viviendo en torno de los candidatos y actores políticos, incluso contra capacitadores electorales. Se han contabilizado casi 500 agresiones y más de una centena de muertes en lo que va del proceso electoral. La violencia amenaza no sólo dicho ejercicio y la integridad física de algunos participantes directos en el proceso, sino también pone en peligro el ejercicio de nuestros derechos a la autodeterminación y nuestras aspiraciones de libertad, bienestar y justicia.
Entendemos por violencia política el conjunto de agresiones entre grupos y personas que se disputan, fuera del marco legal, el predominio y control de un espacio político; sin añadir consideraciones adicionales como si atrás de ella no hubiera intereses ilícitos, este fenómeno es un ejemplo más de que nuestras instituciones aún no son lo suficientemente fuertes como para impedir la violencia que debilita la convivencia democrática.
La libre participación pública, la posibilidad de organización política y el respeto a la divergencia de opinión, son logros que hemos conquistado no hace mucho tiempo, por eso aún debemos admitir que nuestra democracia es incipiente. Necesitamos que se consolide, apropiándonos de estas facultades inherentes al ser humano, porque eso es lo que son: derechos humanos, ni más ni menos.
La autodeterminación política es un derecho humano y, como tal, no depende de la voluntad de ningún tipo de gobierno o de grupos de presión que deseen imponer su voluntad por medio de cualquier forma de violencia, ya sean generando miedo, amenazas, chantaje o atentados a la integridad física y a la vida.
Este proceso le ha costado al país mucho más que tiempo pues, en esta etapa de definiciones políticas, han vivido en la precariedad generaciones enteras y se ha pospuesto atender plenamente la agenda pendiente en derechos humanos.
Es por eso que, cuando por razones políticas, se coarta, amenaza, atenta o asesina a cualquier individuo, no solamente se lastima a una persona o a un núcleo familiar, sino a toda la evolución histórica de la nación. Se vulnera el potencial de desarrollo social que tiene nuestro país. Se intenta regresar a tiempos que se suponían hemos superado, en donde predominaba la ley de la fuerza, en donde la violencia era el único argumento.
El lazo a establecer entre las fuerzas políticas y la ciudadanía debe ser la razón, no el temor. La relación política debe fundamentarse en las convicciones que son contrarias al abuso. Por eso, ejerzamos nuestro derecho de decisión política con libertad y sin temor; condenemos toda expresión de violencia y evitémosla, haciendo de esta jornada electoral, lo que debe ser, un ejercicio democrático.
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
