El derecho a la salud y el VIH

La epidemia del VIH y Sida es un problema de salud pública vigente en México, que, si bien ha registrado avances considerables en su atención, está lejos de ser completamente controlado y erradicado. Por el contrario, durante 2018 se habría presentado un aumento considerable en el número de nuevos casos detectados al registrarse 15,543 (9,791 de VIH y 5,752 de sida) frente a los 14,143 que tuvieron lugar durante el año 2017 (8,324 de VIH y 5,819 de sida). Más allá de las explicaciones que se pudieran dar a estas cifras, los hechos son que a diciembre de 2018, el número de casos notificados de personas vivas con VIH y sida en nuestro país habría alcanzado un total de 164,074, de los cuales 81,771 corresponderían a VIH y 82,303 a Sida.

En este contexto, las vías más efectivas para la atención de esta pandemia son las campañas permanentes de prevención, así como para el diagnóstico oportuno del VIH, por medio de la oferta continua de pruebas de detección gratuita entre las poblaciones más afectadas y población abierta, con el fin de que las personas que obtengan resultado positivo inicien el tratamiento correspondiente lo más pronto posible y tengan una esperanza de vida igual que el resto de la población. El costo y complejidad de los tratamientos, así como la necesidad de su aplicación continua y regular, haría que los mismos fueran inaccesibles para amplios sectores de la población, razón por la cual, la gratuidad de los medicamentos antirretrovirales, así como de la supervisión médica requerida para los casos presentados, mediante los distintos sistemas de salud pública, han sido elementos esenciales para que esta pandemia no haya adquirido dimensiones mayores en nuestro país.

El hecho de que en los últimos meses se hayan multiplicado las denuncias por falta o disminución en la distribución y suministro de los fármacos retrovirales necesarios para el tratamiento de los casos de VIH y sida, constituye una llamada de atención que demanda atención urgente de las autoridades. La revisión o mejora de los procedimientos administrativos para la adquisición de medicinas y otros insumos por parte de la administración pública federal, así como la eventual investigación de casos de corrupción o malos manejos que se hubiesen presentado en las instancias del sector salud, son cuestiones que necesariamente deben realizarse, sin que ello suspenda o ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes y el acceso a los tratamientos a los que tienen derecho.

La falta de entrega oportuna de medicamentos, no sólo provocaría detrimento en la salud de las personas con VIH, sino también la posibilidad de que la incidencia de casos aumente. La efectividad de los tratamientos depende, en buena medida, de que se suministren en forma oportuna, adecuada y sin interrupciones. El cumplimiento puntual del tratamiento aumenta la posibilidad de que los medicamentos tengan mayor efectividad y reduce el riesgo de que el virus desarrolle resistencias a los mismos, siendo pertinente señalar que, ante ello, los tratamientos alternativos que se podrían adoptar resultarían mucho más costosos y no serían, necesariamente, igualmente efectivos.

Las políticas públicas y programas para la prevención y atención de esta pandemia deben tener continuidad y ser reforzados, garantizándose los recursos y capacidades para su implementación efectiva, lo que permitirá que los derechos de las personas que viven con VIH y sida sean más vigentes, así como los de la sociedad en su conjunto. La salud de las personas y la evolución de las enfermedades no atiende a coyunturas políticas o a razones administrativas y económicas. En esta materia se requieren hechos. Las demoras o deficiencias que se presenten en este ámbito pueden definir, literalmente, las opciones de vida o la muerte de las personas.

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)