Biodiversidad o minería, ¿dilema?

Afirmar que México es un país rico no es ninguna novedad. El tema más bien es qué hemos hecho y qué vamos a hacer con nuestra riqueza. De acuerdo con datos de Conabio, nuestro país ocupa el cuarto lugar en mega-biodiversidad entre los 17 países mega-diversos del mundo. Somos privilegiados, sin duda.

México también está colocado como el cuarto país en cuanto al llamado de capitales para invertir en minería. Desde ahora, sabemos que hay una serie de conflictos de carácter laboral que son graves, pero también otros que se han denominado socio-ambientales porque, además de la afectación ambiental, se presenta la oposición de grupos y comunidades por afectación a sus tierras en diversos puntos del territorio nacional, de Baja California a Chiapas.

La minería, desde la colonia, reportó incalculables beneficios a la corona española y se amasaron grandes fortunas de particulares. En tiempos de don Porfirio, fue claro cómo la explotación minera prevaleció sobre la conservación de los recursos naturales, basta ver las afectaciones a la masa forestal en los alrededores de Pachuca o de Durango. Claro, en aquella época se pensaba que nuestros recursos eran ilimitados y estaba muy lejos de acuñarse el concepto de desarrollo sustentable.

El dilema —que no debería ser tal— se está volviendo a plantear ahora a nivel legislativo. La madrugada del recordado 15 de diciembre, después de aprobada en el Senado la Ley de Seguridad Interior —que tenía todo el foco mediático—, también se aprobó la Ley General de Biodiversidad y reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados y se espera se discuta en el período de sesiones que recién inicia. Esperamos que en la Cámara revisora se realice la discusión con un debate de altura que pondere todas las complejas aristas de las reformas planteadas.

La treintañera LGEEPA, desde su creación, buscó armonizar con claridad de principios y criterios la regulación de los recursos naturales en su conjunto. Que la LGEEPA se conozca como ley marco implica que las leyes específicas que regulan cada recurso quedan encuadradas en el marco de esa Ley General. El tema de hoy es si ese marco es suficiente o está siendo rebasado.

Así, la Ley Minera prevé que las actividades mineras son preferentes sobre cualquier uso o aprovechamiento de la tierra. ¿Cualquiera?

La LGEEPA previó desde su creación, evaluaciones de impacto ambiental para cierto tipo de proyectos (las explotaciones mineras quedan incluidas, por supuesto) y también fue una ley pionera en cuanto a abrir a consulta pública los proyectos planteados. Asimismo, creó la categoría de áreas naturales protegidas con regulaciones específicas, más restrictivas en lo que se denominan zonas núcleo y un poco más permisivas en lo que son las zonas de amortiguamiento.

Pues bien, la gravedad de lo que se avecina tiene que ver con que las reformas aprobadas en diciembre en el Senado abrirían la posibilidad de que se otorgaran concesiones mineras aún en zonas núcleo de áreas naturales protegidas. Así, como se lee.

Es por eso que, a pesar de que la agenda pública nos llama la atención en otros temas que se consideran prioritarios, este no es menor y tampoco tiene relevancia exclusiva para los especialistas. Hay fuertes intereses económicos en juego, tanto nacionales como transnacionales, que no van a cejar en su deseo de obtener beneficios a costa de nuestra biodiversidad y del impacto en la salud y vida de ejidos y comunidades.

Cuando se piensa en la minería usualmente imaginamos túneles y oscuridad, aunque también hay explotaciones a cielo abierto. Algunos procesos legislativos recorren túneles y oscuridad; ojalá éste sea transparente y abierto.

Directora de Derechos Humanos
de la SCJN. @leticia_bonifaz