Segundo portazo, más resistencias

José Carreño Carlón

Gracias, Jaime Ros por tu inteligencia, entusiasmo y bonhomía.

 

Límites de la improvisación. La renuncia del primer secretario de Hacienda del gabinete a los siete meses y nueve días del gobierno, más la renuncia del primer titular del Seguro Social a los 5 meses y 21 días, están marcando los límites de la improvisación y el voluntarismo en la toma de decisiones, los efectos tóxicos de la falta de consideración a los (muy pocos) funcionarios con capacidad de alertar de los riesgos de decisiones inconsultas, así como las penurias de la gestión por falta de trabajo en equipo. Se trata de dos portazos: dos renuncias con explícitos mensajes de inconformidad, denuncia y advertencia.

Se trata asimismo de textos de renuncia que, al compartir aspectos centrales de la crítica externa al régimen, dejan en el vacío teorías conspirativas y pretensiones de atribuir a los “adversarios” y a los intereses que resisten a la Cuarta todo juicio de desaprobación, a acciones e inacciones censurables. En este sentido, estos primeros desprendimientos relevantes del régimen ofrecen también claras muestras de agotamiento del ejercicio del poder por imposición y por desautorización o desconocimiento de los datos de la realidad, que se ven suplantados por los ya famosos “otros datos”. Se exhibe así un gobierno que no sólo menosprecia las alertas de fuera, sino que tampoco está dispuesto a escuchar a sus propios especialistas.

Lo que también parece hacer crisis con las renuncias prematuras del gabinete es la ruptura sistemática de la racionalidad administrativa, ante las evidencias de trasmisión de instrucciones presidenciales directas a subalternos de dependencias cuyos titulares quedan al margen de decisiones críticas. El caso más mencionado en la agenda de los medios y de la conversación pública es el de la oficial mayor de Hacienda recibiendo indicaciones directas del Ejecutivo sin la intervención del secretario. En fin, tras la caída del peso a raíz de la renuncia de Urzúa, la designación de un primer relevista en Hacienda, Arturo Herrera, del mismo perfil del dimitente, parece más un intento de control de daños que la remoción de un obstáculo al estilo autocrático de gobierno. Por ello no debería sorprender actividad en el bullpen de calentamiento de nuevos relevos.

Resistencias constitucionales. Tras ceder esta semana un baluarte interno más a las decisiones sin sustento y a las imposiciones burocráticas, con probables conflictos de interés mencionados por Urzúa en su renuncia, el Ejecutivo ha redoblado sus embates contra las resistencias constitucionales externas. Éstas se han acrecentado con la encomiable firmeza de la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de sus pronunciamientos sobre las Estancias Infantiles y los policías federales. También, con el amparo a estos servidores públicos por una juez del autónomo Poder Judicial de la Federación. La pregunta es aquí si les alcanzará su autonomía a estos y otros contrapesos constitucionales para resistir a un jefe del Estado que insiste en gobernar por la descalificación, con miras a la aniquilación o la neutralización, de estos órganos de nuestra incipiente democracia.

Viaje al pasado. Político de oficio policial, Gutiérrez Barrios le atribuía al presidente Ruiz Cortines (1952-1958) una frase que constituía la señal de arranque para deshacer resistencias e inconformidades: “hay que llenar de razones al pueblo”. La deturpación de quien se atrevía a disentir constituía el primer acto represivo: el que abría paso a castigos subsecuentes. Con todas las diferencias de época y circunstancias, la lección ruizcortinista parece asimilada por AMLO con su difamación de obras de infraestructura, instituciones y programas como preámbulo a su cancelación. Y, hasta ahora ,sólo violencia verbal contra la CNDH y los jueces. Hasta ahora.

Prof. Derecho de la Informacíón, UNAM

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