No estamos ante un “secuestro” o un “chantaje” por lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados al no otorgar los votos que se requieren para integrar la Mesa Directiva de nuestro órgano legislativo —el cual debe ser presidido por el PRI— con la premisa de que no lo permitiremos hasta en tanto no se den las garantías públicas de que en el Senado se va a eliminar el “pase automático” del procurador general de la República para hacerlo fiscal general durante los próximos nueve años. No.

Se trata de un asunto de interés general para el conjunto del país en un momento crucial para la vida nacional, en el que debe quedar claro si hay o no voluntad para dar pasos firmes en el combate a la corrupción y a la impunidad.

Téngase en cuenta de que en las últimas semanas, en el Senado de la República se habían estado alzando voces en el sentido de que el PRI con sus aliados y algunos senadores del PAN, estaban ya listos para aprobar el famoso “pase automático”.

En ese contexto fue que se eligió la Mesa Directiva de esta Cámara, con el panista Ernesto Cordero como presidente contra la opinión y las propuestas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

De allí se ha desprendido el discurso de que “el asunto del nombramiento del fiscal está en el Senado y no hay por qué tratarlo en la Cámara de Diputados”, lo cual es absolutamente falso porque nuestro Poder Legislativo es bicameral, en el cual lo que se decide en una cámara es del interés de la otra, aun cuando una de ellas tenga la potestad exclusiva sobre algunos asuntos.

Reformas a la Constitución o a las leyes, o crear nuevas leyes es facultad de ambas cámaras; más todavía cuando, como ahora, estamos ante un tema que preocupa al país entero y del cual somos sus representantes populares: el de los instrumentos para combatir la corrupción y la impunidad.

Estamos ante la gran oportunidad de que el PRI y el gobierno hagan un compromiso público para eliminar ese “pase automático”. Es más, un primer paso inmediato sería que el PRI y aliados dictaminen positivamente la iniciativa que Peña Nieto envió en noviembre de 2016 para eliminar ese bodrio legislativo, iniciativa que su partido mandó a la “congeladora”. Esa propuesta podría dictaminarse junto con otras que han presentado diversas organizaciones y prestigiadas personalidades de nuestro país, así como las que hemos presentado varios legisladores del PRD.

¿Por qué no lo quieren hacer? ¿Por qué quieren un fiscal “a modo”, un Fiscal carnal para los próximos nueve años? ¿Qué quieren ocultar? ¿Por qué se quieren proteger, cubrirse las espaldas para que no se investiguen ni castiguen escandalosos actos de corrupción de este gobierno? Por eso hemos llegado a esta situación. ¿Acaso es mucho pedir? Se trata del reclamo de la mayoría del país.

El PRD, PAN y MC nos hermanamos en ese sentir y sumamos fuerzas en este frente legislativo que obligó a Morena (que ya tenía acuerdo con el PRI para sacar la votación para aprobar la Mesa Directiva) a votar en contra el pasado martes. Fue el primer triunfo político del recién creado Frente Amplio.

En realidad, son el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI los que tienen secuestrado el Poder Legislativo y nos han llevado a esta situación, que espero muy pronto se resuelva. Más valen unos días de espera en la Cámara de Diputados que nueve años de impunidad y de corrupción que ofende, agrede y lastima al país entero.

Vicecoordinador de los diputados federales del PRD

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