Más Información
Este miércoles se presentaron 22 nuevas denuncias ante la PGR por actos de corrupción contra funcionarios involucrados en el manejo irregular de recursos del Seguro Popular en 11 estados (Baja California, Chihuahua, CDMX, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco). Las denuncias, en lugar de ser interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación, fueron presentadas por Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha. Sin embargo, las denuncias se sustentan en las irregularidades detectadas y reportadas por la propia Auditoría.
Estas denuncias dan seguimiento a las primeras 14 presentadas el martes 14 de octubre por irregularidades en 7 estados (Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz). En total van 36 denuncias por 18 estados, ya que se presentaron dos denuncias por estado para iniciar la investigación respecto a dos fondos de salud: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Seguro Popular. Las denuncias contemplan irregularidades que van del 2012 al 2016 en estas entidades. El monto total de irregularidades observadas en este periodo alcanza los 86 mil millones de pesos, lo que equivale a dos veces el presupuesto de la UNAM para 2018.
Las irregularidades que reporta la ASF en el manejo del dinero del Seguro Popular son muy similares en todos los estados: subejercicio, pago de medicamentos a sobreprecio, pago a personal que no labora en los hospitales, traspaso de a otras cuentas y fondos, así como dejar de pagar impuestos retenidos a los trabajadores del Seguro Popular.
La ASF presenta sus diversas auditorías a las autoridades de los estados y les da un periodo para “solventar” las irregularidades que detecta. Si un estado tuvo una cantidad de recursos que gastó sin documentación comprobatoria, cuenta con el tiempo necesario para mostrar las facturas que comprueben dichos pagos. Si se crean empresas fantasma para corroborar estos pagos es irrelevante.
Si una entidad deja de reportar los impuestos que retiene a sus trabajadores, tiene un tiempo considerable para decirle al SAT que ya pagó esos impuestos, así como los intereses generados. Que lo haya pagado con dinero de otros fondos también es irrelevante para la ASF. Aunque hay algunas similitudes en todos los estados para las irregularidades reportadas, hay algunas que llaman mucho la atención: como el pago de estudios de maestría con los fondos del Seguro Popular o el pago de asesorías para tesis.
La ASF debería estar promoviendo estas denuncias, así como las responsabilidades administrativas para sancionar a los funcionarios que hacen mal uso de estos recursos. Sin embargo, la impunidad es la norma respecto al hacer mal uso del dinero destinado a la salud. Esperemos ya no sea así.
Directora ejecutiva de Impunidad Cero
