Impunidad y corrupción en el Seguro Popular

Si uno busca dichos populares respecto a la salud, encontrará una buena cantidad de frases que describen la salud como un bien que no tiene precio. Esto se debe a la importancia que tiene la salud para realizar cualquier otra actividad. Sin embargo, en el momento en que uno tiene una enfermedad, recuperar la salud tiene un precio y uno muy alto: hasta más de 30% del ingreso de un hogar si no se cuenta con algún tipo de seguro. En el 2000, la mitad de la población mexicana no tenía acceso a los servicios de salud, (40% se encontraba afiliada al IMSS, 7% al ISSSTE y entre 3 y 4% tenía un seguro privado). Con el propósito de dar solución a este problema, en 2004 se creó el Seguro Popular para dar atención a las personas que no contaban con ningún tipo de seguro de salud.

Debido a la importancia que tiene este programa nacional de salud, el mal manejo de los recursos financieros destinados al mismo es un asunto de la más alta gravedad. De la investigación Irregularidades financieras del seguro popular (del maestro Julio Copo para Impunidad Cero y Justicia Justa) se desprende que existe una práctica generalizada en todos los estados de mal uso del dinero público destinado a la atención de las personas con escasos recursos.

Los resultados del estudio son apabullantes, tan sólo en 5 estados: Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca, se reportan manejos irregulares de por lo menos 3 mil 27 millones de pesos del Seguro Popular. Las irregularidades que se detectan en los estados son similares: subejercicio (no se utilizan los recursos asignados al Seguro Popular), se compran medicinas a sobreprecio, se transfieren fondos destinados a la salud a otros rubros, se paga a trabajadores que no laboran en los hospitales, se hacen pagos sin documentación comprobatoria.

Otro hallazgo del estudio es que debido a las diversas fuentes de financiamiento que tiene el Seguro Popular, es difícil dar seguimiento al origen, destino y uso de los recursos. Esto se debe a que el seguro popular se financia gracias a tres fuentes: una aportación federal, una aportación estatal y una aportación del beneficiario. Estas tres fuentes de dinero acaban siendo entregadas a los estados, quienes son los responsables de la asignación de los recursos. En lugar de funcionar bajo un esquema de pago por afectación, el Seguro Popular funciona bajo un esquema de financiamiento por beneficiario, no importa si una persona no tiene un padecimiento en un año, si se reporta que esa persona está afiliada al Seguro Popular, se destinará una cantidad de dinero para su atención, dinero que acaba formando un tentador fondo del que los estados hacen mal uso.

Año con año la Auditoría Superior de la Federación reporta estas irregularidades y no consigue imponer las sanciones necesarias para evitar estos desvíos. Aunque la ASF reporta que se fincan responsabilidades, sobretodo administrativas, no sabemos a ciencia cierta qué tan efectivas son las sanciones aplicadas ni quiénes son los responsables de estos desvíos. Por lo mismo Luis Pérez de Acha y Federico Reyes Heroles interpusieron 14 denuncias penales en 7 estados para fincar responsabilidades penales a quienes resulten responsables del mal manejo de estos recursos.

Pongamos algo en claro, estas irregularidades se traducen en actos concretos: personas que no pueden acceder al Seguro Popular o que acuden a hospitales que no cuentan con los recursos necesarios para su atención. Es importante aclarar algo, el Seguro Popular funciona, pero podría dar atención a muchas más personas. No es un asunto de desaparecerlo, sino de hacer más eficiente la transparencia y gestión de sus recursos y, sobre todo, de no dejar impunes las irregularidades por el mal manejo de los mismos.

Directora Ejecutiva de Impunidad Cero