La justicia que merecemos los mexicanos

En nuestro país lo urgente suele desbancar lo importante. Cada semana un debate sobre un evento catastrófico nos distrae de aquellos elementos que deberíamos estar discutiendo para atender las causas de fondo que mantienen viva la crisis de inseguridad y violencia que vivimos, para no quedarnos simplemente en los efectos.

El pasado fin de semana, que para muchos representa el momento religioso más importante del año y para otros el cierre de un periodo vacacional, en varias entidades la violencia cobró la vida de muchas personas, entre las que había adultos mayores, niños y bebés.

Una vez más mi solidaridad va a todas las víctimas directas e indirectas de la incidencia delictiva en el anhelo de que puedan tener acceso a la justicia.

Quiero ser claro, por justicia me refiero a la justicia de un país democrático, una justicia a la que se accede sólo a través de las instituciones del Estado y la ley.

Una justicia que resulta de escuchar a las víctimas, atenderlas, reparar en lo posible el daño; una justicia que surge de investigar un evento delictivo, dar con los responsables, armar el caso, detener a los imputados y procesarlos según lo que establece la ley.

Una justicia que permite enmarcar los casos en el contexto del crimen de nuestro país, que conecta los hechos y arroja una fotografía que exhibe redes de corrupción y complicidades, vacíos en la norma y debilidades institucionales que permiten la ejecución de hechos delictivos, que explican cómo se blanquean los capitales y en dónde terminan para así combatirlos y hacer menos eficaz la delincuencia.

Una justicia que respeta los derechos de alguien que cometió un delito y lo reinserta en la sociedad.

Esa es la justicia que México y los mexicanos merecemos y necesitamos, la justicia de un país democrático, con un sólido Estado de Derecho y que es la que se contrapone a la de quien busca venganza y tortura de victimarios, así como de quien desprecia la ley, en resumen, una justicia que se contrapone a la que clama el presidente López.

El pasado 16 de abril, el presidente López violentó la Constitución al firmar un memorándum para derogar una reforma constitucional bajo el argumento de que la justicia era superior a la ley. Más allá de la ilegalidad de la medida, el presidente abre la puerta a posibles consecuencias desastrosas.

Si cada uno define desde su conveniencia qué es lo justo, alguien puede pensar que es válido que un hombre se sienta con el derecho de violar sexualmente a una mujer que “injustamente” lo rechazó, que sea válido que una víctima cometa el homicidio de un victimario, o que alguien decida apropiarse de bienes ajenos que la vida “injustamente” no le dio.

Señor presidente, se equivoca, la ley sirve para garantizar acceso a la justicia y si bien la norma jurídica no es perfecta, existen canales institucionales para subsanar cualquier deficiencia ¿acaso no lo sabe?

Ante el primer trimestre más violento de la historia de nuestro país, comparado con el mismo periodo de 2018, tenemos que las víctimas de homicidio doloso y feminicidio crecieron 8.75%; las de secuestro 35.29%; las de extorsión 43.15%; las de trata de personas 33.01%; los casos de narcomenudeo 12.53%; las violaciones 23.29%; los robos con violencia 3.53%; los robos a negocios 9.93% y los robos a transeúntes 13.52%, urgen acciones que fortalezcan la norma y las instituciones para abatir impunidad y mejorar el acceso a la justicia, lo que no necesitamos son declaraciones y tweets que dividan al país.

El arranque de este sexenio se confirmó como el más violento de la historia, es hora de que el presidente deje la campaña de desprestigio y se concentre en hacer trabajar a todos los actores sociales en favor de la seguridad, es hora de que el presidente muestre un irrestricto respeto por la ley y las instituciones, muestre estatura de jefe de Estado y empiece a escuchar a quien opina diferente a él, porque también para ellos debe gobernar.

Es hora de que el presidente logre activar al Estado, ponga en marcha acciones y estrategias que reduzcan el delito y la violencia, es su obligación constitucional y, por si fuera poco, -usando sus mismas palabras- tiene la obligación moral de responder por las más de 8 mil víctimas de homicidio y los centenares de miles de víctimas de otros muchos delitos de estos primeros cuatro meses de su sexenio, mismos que merecen justicia.