Impunidad: incentivo para violar derechos de individuos y sociedad

Francisco Rivas

Los actuales niveles de inseguridad y violencia no pueden entenderse sin el componente de impunidad.

En la medida en la que es fácil evitar sanciones ante la comisión de un delito, el factor impunidad se vuelve un incentivo para violar los derechos de individuos y colectividad.

Lawrence Kohlberg, investigador del desarrollo de la moralidad, ya lo había explicado hace casi 50 años, y afirmaba que para que una persona esté convencida de sacrificar satisfactores inmediatos, lidiar con la frustración alinearse a las reglas de una sociedad y permitir que prevalezca el bien común, se requiere que haya tenido en algún momento, miedo a la sanción.

Kohlberg explicó que la sanción debe ser clara, proporcional, respetuosa de la dignidad de la persona y -sobre todo- consistente.

Si la sanción no es por lo menos segura, clara y consistente, el sujeto no desarrollará temor al castigo, no transformará ese miedo en entendimiento del beneficio que implica el respeto de la norma y no podrá translaborar la necesidad de un beneficio directo e inmediato en la convicción de la importancia del respeto de la norma para el funcionamiento de la colectividad.

Dicho de otra manera, el daño que genera la impunidad no sólo afecta a la víctima directa, sino a todo el colectivo social, y funge como factor que impulsa y mantiene vigente la ocurrencia de delitos y violencia.

Por ello, el reto para nuestro país está en hacer cumplir la ley para que se pueda desarrollar en la mayoría del colectivo, la convicción del beneficio que significa respetar la ley.

En días pasados, un empresario que estimo, que es una persona experimentada y conocedora, cuestionó fuertemente el sistema de justicia penal actual respecto al inquisitorio, repitió poco convencido una serie de lugares comunes ya escuchados: “los delincuentes cometen delitos y salen a la calle como si nada”; “importan más los derechos del delincuente que de la víctima”, etc.

Puedo afirmar que sus comentarios eran poco convencidos porque las afirmaciones sonaban a preguntas y no estaban incorporadas a un análisis más extenso del problema.

Por mi parte, le compartí lo que desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), hemos podido investigar sobre el tema:

El problema no es el sistema ni las garantías que otorga a las personas, sino las deficiencias de los operadores.

Enfrentar un proceso en libertad no significa que el proceso no se cumpla.

La prisión preventiva oficiosa criminaliza la pobreza, toda vez que, quien tiene un buen abogado sale -a enfrentar el proceso en libertad-, quien no tiene los recursos, sigue preso.

Difícilmente podemos argumentar que la prisión haya ayudado a disminuir el delito en nuestro país, cuando se sigue impunemente delinquiendo desde los penales, donde hay evidencia de la corrupción y autogobierno de estos, así como ausencia de programas efectivos de reinserción social. Ingresar a delincuentes menores con otro tipo de población penitenciaria, sirve sólo para profesionalizar a los delincuentes.

En números duros generados por el CIDE, el sistema adversarial funciona mejor que el inquisitorio (aunque si se subsanaran las deficiencias de origen, funcionaría aún mejor).

En un país donde se fabrican pruebas y culpables, donde la tortura se usa como estrategia recurrente para lograr reos confesos, el sistema adversarial genera mecanismos para proteger a los ciudadanos.

Los países que anticiparon este cambio de sistema necesitaron de por lo menos una década para ver resultados, pero cuando estos llegaron significaron una transformación sustancial para el país.

Mis argumentos parecieron convencerlo, no obstante, me incitó a que pusiésemos el acelerador en terminar la investigación que en el ONC estamos llevando a cabo acerca del funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia ante la transformación que vivió el país.

Este documento, que incluirá diagnósticos generales y específicos, recomendaciones y propuestas viables, asume una importancia vital a la luz de algunos sucesos ocurridos en estos días que deben preocuparnos a todos los mexicanos por las implicaciones y antecedentes que sientan:

La aprobación del Senado de la República de la ampliación del catálogo de delitos que requieren de prisión preventiva oficiosa.

La modificación fast track hecha por el Congreso de Veracruz para remover al Fiscal General.

Las “renuncias” de algunos fiscales estatales, ante la llegada de los nuevos gobernadores.

Los hechos no son los mismos, pero se parecen: soluciones aparentemente fáciles a problemas complejos, uso del poder de manera discrecional para lidiar con la separación de poderes.

En principio, ampliar el catálogo de delitos que requieren de prisión preventiva oficiosa, parece que atiende las quejas alrededor de la supuesta puerta giratoria, sin haber antes propuesto un plan para resolver las deficiencias de los operadores del sistema, fortalecer la investigación o retomar la rectoría del sistema penitenciario.

De igual manera, otorgarse la facultad de remover a los fiscales o “ponerlos en la condición para que busquen otros caminos”, exhibe la incapacidad de construir un proyecto de seguridad y justicia, donde la política no juegue un rol determinante.

Indudablemente hay fallas en el SJPA, no por ello la solución es regresar a lo que nunca funcionó.

Si un funcionario -incluso el Fiscal General de una entidad-, ha cometido errores graves o ilícitos, la solución está en contar con un sistema de ministerios públicos capaces e independientes, que puedan incluso investigar a su jefe y llevarlo ante la ley en un juicio justo. Modificar a modo las leyes sólo exhibe los interese políticos de una bancada.

Lamento decir que hay otro elemento común de esta terrible farsa: legisladores que pertenecen al partido de mayoría -una mayoría democrática y abrumadoramente constituida- que proviene de un partido que dice representar la izquierda, que acompañó a un candidato, ahora presidente de la República, que una y otra vez criticó el actuar de las autoridades del pasado porque se centraban en los efectos y olvidaban atender la causas.

Es lamentable porque esos legisladores parecen de un régimen represivo de derecha enfocado en atender la superficialidad de las cosas, al tiempo que olvidan el compromiso por luchar por los derechos humanos y resolver el origen de aquellos problemas que han llevado a los niveles de corrupción y violencia que vive nuestro país.
 


Director general del Observatorio Nacional ciudadano
@frarivasCoL


 

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