¿Existe una estrategia en materia de seguridad?

Como era de esperarse, el primer bimestre de 2019 ha registrado la tasa más alta de homicidio doloso, de feminicidio, de extorsión, de trata de personas y narcomenudeo desde que contamos con registros oficiales.

Lamentablemente, era de esperarse debido a cómo cerraron 2017 y 2018, ya que los últimos dos años han sido los más violentos en materia de homicidio doloso, y varios delitos han ido en aumento.

Llegar a este desastre requirió de muchas responsabilidades compartidas, un gobierno federal que perdió la ruta hace mucho, gobiernos locales que han dejado de asumir su tarea, una sociedad cada vez más acostumbrada al delito que tolera en vez de exigir.

Por ello, es importante aclarar que estos números no son directamente imputables al gobierno del presidente López, quien recibe el país en una situación crítica de seguridad como nadie lo ha recibido. Sin embargo, el tiempo apremia, la situación es crítica y si las condiciones de incidencia delictiva y violencia no mejoran, en mayo ya podremos afirmar que la violencia que vivimos es en parte, responsabilidad del actual gobierno.

Debido a la confrontación entre el presidente López y el periodista Jorge Ramos, en la conferencia mañanera del pasado viernes 12 de abril, la discusión sobre el rumbo del país en esta materia se volvió a avivar. Por un lado, los números oficiales indican que la crisis sigue álgida, por el otro, el presidente afirma que la corrupción ya se acabó y la violencia se contuvo.

Más allá de las diferencias en torno a los números que cada uno aportó, donde los datos duros dan la razón a Ramos, la discusión debería moverse hacia esa pregunta fundamental que detonó la conversación, acerca de cómo el gobierno federal pretende enfrentar el tema.

¿Podemos afirmar que en nuestro país haya una estrategia de seguridad? Desde mi punto de vista, no. Cuando pública o privadamente discutes con las actuales autoridades es evidente que están trabajando (y mucho), haciendo una y otra vez lo que han hecho en los últimos 12 años.

La evidencia es que las autoridades quieren aportar de que sí hay una estrategia, y que ésta corresponde a la aprobación por unanimidad de la Guardia Nacional, que el presidente todos los días tiene junta sobre la seguridad del país y que existe un dato diario de homicidios. Lamento disentir, nada de esto es prueba de una estrategia.

Una estrategia sirve para indicar una ruta, qué decisiones tomar antes y qué otras aplazar, cómo eficientar los recursos, cómo atacar los factores que generan la delincuencia y la violencia, y cómo atender los efectos de las acciones.

La Guardia Nacional no es una estrategia, es una acción, dicho sea de paso, una que en el mejor escenario es igual a la que desde el sexenio del presidente Calderón se impulsa.

Las reuniones mañaneras con datos diarios de homicidio no son una estrategia, son una acción. Una acción que poco sentido tiene, si todos los días se toman decisiones diferentes según el número de homicidios, ya que quiere decir que estamos tratando de matar moscas a cañonazos; si no se toman decisiones diferentes ¿es necesario una reunión diaria?

Ambas acciones están mirando más a la forma que al fondo del problema. Nada se ve en el horizonte acerca de una transformación en la política de combate a las armas de fuego, a la política de drogas, al fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad y justicia locales que son las encargadas de atender el 90% de los delitos que se cometen en el país.

Nada sobre un sistema de evaluación de cómo hacer efectivo el uso de los recursos por parte de estados y municipios, nada sobre un sistema que incentive la corresponsabilidad de los actores locales. En contraste, lo que sí vemos, es un recorte significativo de los recursos federales que se le otorgan a entidades y municipios.

Además, el tan cacareado combate a la corrupción ha sido sólo eso, una declaración, ningún detenido, ningún fortalecimiento de los órganos encargados de supervisar funcionarios y prevenir la corrupción.

De igual manera, la promesa de una política de prevención se sustenta en transferencias directas hacia algunas poblaciones aparentemente vulnerables. No hay hasta el momento la prevención más necesaria: la situacional de la delincuencia y la violencia.

Pese a que la autoridad sigue insistiendo una y otra vez acerca de la contención de estos graves fenómenos, no hay elementos que lo puedan confirmar y más lamentable aún, no hay evidencia de una política que logrará evitar que este año sea el más violento desde 1997.