El sistema penitenciario no funciona

Para nadie es un misterio que el sistema penitenciario es disfuncional. Rara vez, quien ingresa a un penal adquiere habilidades para desarrollarse dentro de la ley, transforma su concepción sobre la justicia y el respeto a los derechos del otro, y sale convencido en corregir su camino, subsanar sus errores y ser un buen ciudadano .

Por el contrario, generalmente las cárceles agravan el enojo social debido a la violación de sus derechos. La población penitenciaria exacerba la sed de venganza más que el entendimiento de qué significa la justicia, transforma a un delincuente común en uno experto, sin que su reclusión legal garantice que dicha persona deje de delinquir -por lo menos- durante su reclusión.

Precisamente sobre este punto, la Secretaría de Gobernación ha reconocido que por lo menos el 50% de las llamadas de extorsión provienen de los penales , sin que este reconocimiento haya provocado acciones específicas que recuperen el control y la rectoría del sistema penitenciario.

Visto de otra manera, la reclusión de personas que han violado la ley, lejos de ser una solución a los problemas de incidencia delictiva, termina siendo el caldo de cultivo perfecto para que quien delinque, aprenda a hacerlo de manera cada vez más violenta, más certera y con mayor daño a los individuos y a la sociedad.

Ante la falta de acciones y propuestas para subsanar la crisis del sistema penitenciario de esta administración federal y las actuales administraciones estatales, es sumamente relevante analizar qué plan tiene el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador , en esta materia.

Con base en la información que el equipo de AMLO envió al Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) -como parte del proyecto #PorUnMéxicoSeguro , que buscó entender y explicar a la opinión pública las propuestas y programas con los que los candidatos al ejecutivo federal y a las nueve gubernaturas en contienda piensan enfrentar los actuales niveles de incidencia delictiva y violencia- podemos afirmar que hasta el momento tampoco hay claridad en el tema de parte de quien el próximo 1 de diciembre asumirá el cargo de Presidente de la República .

En el documento publicado en la página www.onc.org.mx #PorUnMéxicoSeguro, el equipo de AMLO realiza un diagnóstico del sistema penitenciario y afirma que éste se encuentra sumido en el autogobierno y la sobrepoblación, y propone rescatarlo del autogobierno, impulsar la dignificación de la población penitenciaria , la recomposición del sistema para que cumpla con el Sistema de Justicia Penal Adversarial y el respeto a los derechos humanos.

Ninguna mención al tema de la policía penitenciaria, la situación difícil que enfrentan entre amenazas y violencia interna; no se habla de cómo mejorar las condiciones salariales , el régimen complementario, la carrera basada en resultados o la profesionalización; no se habla de cómo romper con las redes de corrupción ; ninguna claridad sobre el presupuesto necesario para realizar este proyecto, los tiempos, indicadores o la dirección de esas “mejoras”.

Debido al contenido de la propuesta que le equipo de AMLO nos entregó, y a diferencia de otras propuestas que se encuentran plasmadas en la página de otros candidatos, concluimos que existe una falta de claridad sobre la ruta para subsanar el sistema penitenciario.

Si bien, la referencia directa al sistema penitenciario se remite a esos dos temas, debemos recordar que a lo largo del último año, AMLO ha insistido en la necesidad de proponerle al congreso una amnistía , y en los últimos días, Alfonso Durazo quien fue propuesto como secretario de seguridad pública y la ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero , quien ha sido propuesta para hacer la primera secretaria de Gobernación, han ahondado diciendo que dicho mecanismo se acompañará de la reducción de penas para aquellos delincuentes que decidan colaborar con la autoridad como informantes.

A lo largo de la campaña, dicha amnistía generó muchas dudas debido a las inconsistencias entre las declaraciones que una y otra vez hizo el entonces candidato, y las declaraciones de su equipo.

En un primer discurso dado en Guerrero, AMLO propuso la amnistía para las personas involucradas en el narcotráfico . Sin una mayor especificidad, en días sucesivos amplió la posibilidad de ésta a los políticos corruptos . Ante las críticas recibidas de varios sectores, el presidente electo empezó a matizar el mensaje y propuso la amnistía para delitos menores , primodelincuentes y personas obligadas a involucrarse en el narcotráfico.

Aún con estas salvedades, la propuesta deja muchas dudas, periodos, población blanco, diferencia con los beneficios ya previstos en la ley para primodelincuentes. Dudas que no se pudieron resolver debido a que en el documento que el equipo de AMLO mandó para #PorUnMéxicoSeguro, en ningún momento se habla de amnistía.

Sobre la reducción de penas para los delincuentes que decidan colaborar como informantes con las autoridades, sorprende el aparente desconocimiento que la disminución de penas para los testigos colaboradores o testigos protegidos ya existe dentro de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada que desde noviembre de 1996 entró en vigor.

Aún más, en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, impulsada en la administración del expresidente Felipe Calderón, se incluyen mecanismos para salvaguardar la integridad de las personas que colaboren con las autoridades.

Como parte de la implementación de esta ley, con fondos de Iniciativa Mérida se construyó un centro que debía garantizar dicha protección. El Centro, situado en Cuernavaca, Morelos, con tecnología de punta, fue inaugurado en 2012 y entregado a la actual administración, quien lo alienó y donó al gobierno del Estado de Morelos. Aún más, debido a lo establecido en los transitorios de esta ley, la PGR incurre en falta porque estaba obligada a su implementación desde 2012.

En el ONC, consideramos fundamental recuperar la rectoría del sistema penitenciario como parte de un proceso de mejora de las condiciones de seguridad del país y construcción de un sólido Estado de Derecho .

Entendemos la importancia de analizar mecanismos que subsanen la falta de acceso a la justicia, que despresurice el sistema penitenciario, mejore la situación laboral de los custodios, así como la construcción de inteligencia a través de la adquisición de información sobre la operación de los grupos criminales para disminuir la incidencia delictiva en las condiciones de seguridad del país.

Consideramos positivo que se analice una Ley de Amnistía y la reducción de penas para quien se suma un proyecto de respeto de la ley y comparte información que ayude a tiros de precisión para debilitar la estructura de los delincuentes.

Sin embargo, entendemos que este proceso se debe valer de una gran claridad sobre el alcance de este y debe ser acompañado del fortalecimiento de la procuración y administración de justicia en el país.

Precisamente por eso consideramos necesario que las ideas se transformen en un plan claro con indicadores de ruta presupuestal y tiempos. Urge un plan que sirva como ruta crítica para que los ciudadanos entendamos si el próximo gobierno del presidente Andrés Manuel López obrador está cumpliendo y avanzando.

Al mismo tiempo, urge la reforma al Artículo 102 constitucional para nombrar a un fiscal general independiente y autónomo, como base del proceso de fortalecimiento de la procuración de justicia en el país.

Por sí misma, la Ley de Amnistía o la propuesta de reducción de penas -que ya existe- no lograrán mejorar ni la seguridad ni la justicia en el país. Estas propuestas serán un insumo que fortalecerá el plan de implementación y una Fiscalía General de la República independiente.

En el ONC estamos dispuestos a donar nuestra experiencia en la construcción de ese plan, al tiempo que hacemos un llamado al presidente electo a que reconsidere ese cambio normativo que servirá para que la Fiscalía sea realmente autónoma e independiente , porque sin ninguna de estas dos características fundantes, difícilmente veremos una mejora en el acceso a la justicia y un combate efectivo a la corrupción que mantiene al sistema penitenciario como un factor clave de la violencia que vive el país.