Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos

México enfrenta la peor crisis de violencia de los últimos 22 años, la violencia homicida que había llegado a su máximo histórico en 2017, ha seguido en una escalada que parece difícil parar. En este contexto, se llevaron a cabo las elecciones más relevantes del México moderno por el número de cargos en contienda.

Como era de esperarse, a lo largo de las precampañas, intercampañas, la campaña, las elecciones y post elecciones, hemos sabido de una serie de casos de homicidios dolosos que involucran a candidatos, autoridades electas o equipos de campaña.

Dicha violencia letal -aunada a otras formas de violencia- sucede debido al interés que los delincuentes tienen por controlar el poder político que les sirve para garantizar la protección de sus negocios ilícitos.

Por ello, en el Observatorio Nacional Ciudadano consideramos fundamental la observación electoral para fortalecer la democracia y el ejercicio de los derechos políticos más allá́ del voto. Pensamos que ésta contribuye a transparentar los procesos, reconocer los avances, visibilizar problemáticas y fortalecer la participación ciudadana.

De esta manera, el pasado 29 de agosto presentamos el estudio Delitos Electorales, Incidencia y Evolución, más allá de los partidos políticos. En este documento se plasma un análisis de los delitos cometidos en la pasada elección con una mirada específica a la violencia global que sufrieron los candidatos en el proceso y en particular, a la violencia de género en el proceso electoral.

Uno de los hallazgos principales nos refiere al dato de la consultora Etellekt, que contabilizó en la pasada elección 774 agresiones y 152 homicidios de personas involucradas en las campañas electorales. Esto debería ser considerado como un indicador de que la democracia se encuentra en riesgo, mientras que la autoridad reconoce apenas el 20% de los mismos.

Tan sólo este dato nos permite corroborar las deficiencias en los sistemas de monitoreo y registro de la violencia electoral, de los diagnósticos derivados de dicha información y, por ende, de las políticas preventivas para enfrentar este fenómeno.

Es así como, a través de este estudio, en el ONC proponemos fortalecer los sistemas de denuncia, investigación, seguimiento y rendición de cuentas alrededor de los delitos electorales, y para ello requerimos:

1. Que el Congreso de la Unión impulse y apruebe proyectos de ley que tipifiquen actos de violencia política cometida en contra de las mujeres por razón de género en el siguiente periodo de sesiones. Hasta el momento, las iniciativas no han podido aprobarse. La tipificación deberá́ cuidar los supuestos jurídicos para que las autoridades puedan integrar los expedientes judiciales adecuadamente y llevar a buen término el proceso judicial.

2. Desarrollar un proyecto estadístico que mida periódicamente los actos de violencia política. Este proyecto tendría que partir de una norma técnica y de una metodología clara de registro que sea capaz de identificar características de las víctimas en función de su perfil político, del atacante o los atacantes y del lugar. Esta medición complementaria los conteos a partir de medios que se han realizado en la materia.

3. Impulsar la inclusión de preguntas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) sobre la observación de compra de votos u otros delitos electorales para la edición de 2019, de tal suerte que se cuente con una medición novedosa en la materia que no dependa de la denuncia de estos hechos y que refleje una magnitud más aproximada del fenómeno.

4. Fomentar la realización de evaluaciones organizacionales internas asesoradas por el ONC para identificar las fortalezas y debilidades en relación con las funciones que desempeña cada organización en el marco de los procesos electorales.

5. Evaluar el impacto de la Estrategia Nacional de Blindaje Electoral implementada por la FEPADE e identificar buenas practicas que se puedan replicar en las fiscalías especializadas de las entidades federativas.

6. Robustecer el Manual de Diligencias Ministeriales Básicas para la Investigación de Delitos Electorales mediante la incorporación de análisis de redes, con el objetivo de identificar cómo se organizan los delitos electorales y quiénes están participando en uno o más delitos.

Estas y otras recomendaciones en materia de cambio legislativo, política pública y supervisión ciudadana, se encuentran plasmadas y sustentadas en el documento que entregamos a las autoridades en materia porque en el ONC estamos convencidos que es fundamental para consolidar la democracia incluyente, garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos de cada ciudadano y de todos los grupos de población que configuran nuestra nación.

El incremento de la presencia de las mujeres en cargos de elección popular debe ir acompañado de leyes que resguarden su libre expresión, el derecho a votar y ser elegidas, su derecho a manifestarse y a participar de la vida política de su comunidad.

La confianza que los ciudadanos depositaron en las autoridades debe cumplirse. La violencia atenta contra ésta y, de no ser diagnosticada, sólo empeorará generando así, daños irreparables para nuestro país.