Cómo fortalecer el Plan Nacional de Paz y Seguridad

Francisco Rivas

El próximo sábado inicia un nuevo capítulo en la historia del país, la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dará pie a un gobierno con todo el poder: Un enorme bono democrático, el control absoluto de ambas cámaras y de 20 congresos locales. En otras palabras, una administración con la capacidad de transformar al país según su voluntad.

A la par, López Obrador recibirá un país sumido en la peor crisis de violencia de los últimos 22 años, con comportamiento al alza de varios delitos y una importante dispersión territorial de los mismos.

Para enfrentar dicha crisis, el presidente electo presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, un documento de ocho ejes que complementa su propuesta de seguridad y que –en teoría- recoge las propuestas de los Foros de Paz que su equipo de transición llevó a cabo.

En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), previo a las elecciones, presentamos el proyecto Por un México Seguro, un ejercicio de análisis del diagnóstico en materia de seguridad y justicia, así como de los planes para atender los principales retos y visión hacia el 2024 que los candidatos a la Presidencia de la República y a las nueve gubernaturas presentaron durante sus campañas.

Con base en esto, hemos dado seguimiento a acciones, declaraciones y propuestas del presidente electo y de los nueve gobernadores (tres de los cuales ya se encuentran en funciones), en el entendido de que la actual crisis de incidencia delictiva y violencia se debe resolver con planes y programas bien definidos que eviten los errores de la última década.

Precisamente por eso, el pasado jueves 22 presentamos la segunda parte de Por un México Seguro, centrándonos en el análisis del Plan por la Paz y Seguridad del presidente electo, contrastándolo con la propuesta original y sus posibles modificaciones a raíz de los foros.

Definitivamente se debe considerar como positivo que el gobierno electo, antes de tomar posesión, presente información sobre sus pasos en materia de seguridad; de igual manera destacamos que, resultado de los foros, se establecerá un consejo ciudadano para la construcción de paz.

No obstante, es importante recalcar que el llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad, carece de los elementos mínimos para hacer confederado un plan que permita desarrollar una política pública, ya que adolece de elementos básicos, tales como: Diagnóstico operacional de cada uno de los problemas; diseño e implementación de las acciones; objetivos; actores clave y responsables; indicadores de desempeño y resultado; presupuesto; identificación de las transformaciones normativas e institucionales requeridas para llevarlo a cabo; retos que enfrenta para lograr la exitosa implementación; diferencia entre la política que propone y las que se han llevado a cabo anteriormente; mecanismos previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de la política pública.

En general, más que un plan, el documento es un ejercicio de reflexiones y aspiraciones, por ejemplo, por un lado, identifica que la inseguridad y violencia tienen un origen multifactorial, mientras que en el documento final no se explica con detalle ni se dimensiona el impacto que cada factor tiene en la situación actual, ni la relación causal entre causas y propuestas.

Temas como el combate la corrupción, a la delincuencia organizada y de personas desparecidas, se simplifica de una manera relevante y asume que nada se ha hecho o explorado previamente, por lo que las generalizaciones llevan a ideas ya propuestas que han fracasado como la militarización de la seguridad.

En el documento predomina una visión a escala nacional, omitiendo la complejidad y diversidad de lo local, no sólo en la naturaleza y dinámicas de los distintos grupos criminales, sino del peso de los propios factores económicos, sociales e institucionales. Esta reafirmación por la centralización llevaría repetir los errores de las dos anteriores administraciones.

En ese sentido, movilizar el creciente corpus de estudios académicos que sobre los distintos aspectos del tema se han producido, ayudaría a afinar tanto el diagnóstico como lo que de éste se derive.

Por su lado, sorprende que no todas las propuestas pronunciadas en campaña o en los foros, fueron recuperadas en el Plan Nacional, de hecho no hay mención de los siguientes temas:

La sustitución de cultivos ilegales.

Atención a víctimas.

Destinación de los recursos incautados a programas de prevención social y reparación del daño.

Contraloría Ciudadana con autonomía funcional.

Plan de independencia tecnológica.

Reactivación de Plataforma México.

Creación de un órgano superior de inteligencia.

Propuestas dirigidas a la figura policial (rediseño de la carrera policial acorde con el Sistema de Justicia Penal Adversarial, enseñanza de nueva ética policial, etc.).

Inflexión de los índices de violencia en un plazo no mayor a los 180 días.

Cambio del paradigma de uso exclusivo de la fuerza por el de seguridad humana.

En el tratamiento de las adicciones, se mencionó que se podría especial énfasis en los consumidores de cristal por los efectos violentos que genera.

Búsqueda de una participación, más eficaz y más comprometida, del gobierno de los Estados Unidos en el mercado de armas.

Política de Cero Tolerancia. Las principales acciones del Gobierno Federal consistirían en la depuración de las administraciones, así como la erradicación del influyentismo sobre todo en las áreas de seguridad y justicia.

Algunas de las propuestas que permanecen, preocupan más que otras, tales como la militarización de la seguridad pública y la amnistía generalizada.

En el primer caso, sorprende la insistencia por desarrollar una Guardia Nacional con mando militar, que canibalizará a la Policía Federal y a la Policía Federal Ministerial en abierta contradicción con el discurso de campaña y con 12 años de posturas en contra el uso de las fuerzas armadas en los sexenios de Calderón y Peña; al tiempo que con esta decisión, ignora las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales -incluso de aquellas instituciones como Naciones Unidas y Comisiones de Derechos Humanos que en campaña prometía invitar a ser observadores en México- quienes hemos manifestado que este es un grave error.

El aún presidente electo López Obrador, se encuentra en una posición ideal para transformar al país; en sus discursos ha hablado constantemente de la importancia de escuchar al pueblo y de que el autoritarismo termine.

Es hora de que demuestre con los hechos que sí quiere escuchar aquellas voces que desde la información disienten con su visión, todo con miras a construir en conjunto un plan que sí funcione.

Invito a los lectores -y al gobierno entrante- a leer el análisis completo que el ONC realizó y las propuestas que permitirán construir una política de seguridad y justicia más eficaz. www.onc.org.mx

 

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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