Ha pasado casi un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre que sacudieron el centro y sureste del país, cuyas secuelas sociales, psicologías y económicas aún se perciben. Es preciso hacer un balance.

Las cifras. Según datos de la Secretaría de Gobernación federal, se contabilizaron un total de 471 víctimas mortales entre los dos sismos. Al igual se registraron más de 12 millones de personas afectadas.

Cerca mil municipios resultaron con daños, los principales estados afectados fueron: Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México.

De acuerdo con cifras parciales de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 171 mil viviendas resultaron afectadas, el 80% reportaron daños parciales y un 20% pérdidas totales. Más de 12 millones de personas resultaron afectadas.

Además de los daños en viviendas, los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado ocasionaron daños en escuelas (8 mil inmuebles afectados), hospitales (164 inmuebles afectados), infraestructura cultural (2081 inmuebles afectados).

Las pérdidas económicas ascendieron a 2 mil 783 millones de pesos, con afectaciones a 13, 218 negocios a lo largo y ancho del país.

El balance. Sin embargo, la realidad es que nunca supimos cuántas de estas cifras eran ciertas. ¿Por qué? Simplemente las autoridades a nivel federal, estatal o local se preocuparon más por evitar que las consecuencias de los sismos tuvieran repercusiones para las elecciones que por atender la emergencia.

Hoy muchos de los afectados siguen en un estado de emergencia.

A pesar de la tragedia, poca respuesta recibió la ciudadanía por parte de las autoridades. Para fortuna de los mexicanos, la sociedad demostró de nueva cuenta su solidaridad tan distinguida del pueblo mexicano.

En los diversos foros, mesas de trabajo e investigaciones que se han realizado entorno los sismos del año pasado. Todos coinciden en algo. Hace falta coordinación, cooperación, transparencia, rendición de cuentas y entrega oportuna de los apoyos, así como soluciones inmediatas para salir del estado de emergencia.

La falta de liderazgo y la débil actuación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, liberaron una fuerza de hartazgo en el tejido social que la crítica hacia las instituciones y los partidos políticos no se hicieron esperar, a tal grado que muchos terminaron declarando algo sobre la posibilidad de donar parte de los recursos de las campañas electorales.

A casi un año de esas declaraciones, hoy sabemos que ningún partido político cedió al financiamiento público para destinarlo a los damnificados. Y que Morena, fue el único partido que verdaderamente creó un fideicomiso para ayudar a los afectados tras los sismos, del que por cierto, las autoridades electorales han utilizado para malversar los hechos y mandar un mensaje político, cuando su labor es ser autónomas, profesionales e imparciales. No políticos, ni mediáticos.

En términos concretos, entre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Lo único cierto es que el resultado electoral de 2018 reflejó el hartazgo del pueblo mexicano hacia el establishment y su nula respuesta por atender el estado de emergencia.

Sólo queda esperar, tal como ya lo ha anunciado el gobierno entrante, a que atienda la tragedia, superemos la emergencia y que con políticas públicas construyamos ciudades resilientes, se retorne a la calma y se castigue a quienes en el proceso de la reconstrucción, tanto a nivel federal como local, se aprovecharon de la tragedia con fines electorales o para beneficiarse y hacer uso de los recursos.

Todo eso es posible con transparencia y rendición de cuentas, así como una coordinación y cooperación efectiva de las autoridades entrantes.

Ex diputado federal.
@ fernandorubioq

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses