Diputados del Congreso de Quintana Roo afirmaron que la detención del ex director de Vip Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, deberá propiciar nuevos cargos en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, al ser el responsable directo del consejo de administración de la empresa gubernamental.

“El ex gobernador era el presidente del Consejo de Administración de VIP Saesa, y Juan Pablo Guillermo (ex titular de Sefiplan), era el tesorero. Carlos Acosta no se mandaba solo, arriba de él estaban ellos dos. Ellos son los que firmaban y validaban todo lo que hacía el director de VIP Saesa; ellos eran los que en realidad mandaban ahí”, afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso, Emiliano Ramos.

Entrevistado por separado, el presidente de la Gran Comisión de la 15 Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, anticipó que además sobrevendrán nuevas denuncias y de al menos una decena de órdenes de aprehensión, contra ex funcionarios de varias dependencias.

“En el tema gobierno del estado, del periodo de Borge, calculamos que entre 8 y 12 podrían estar corriendo la misma suerte (que Acosta)”, dijo el legislador, al señalar que entre los que podrían ser detenidos están ex funcionarios de varias dependencias estatales.

Entre ellas se encuentran la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado (IPAE), la Secretaría de Salud (SESA) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

El monto de los probables desvíos de recursos públicos en las dependencias antes mencionadas alcanzaría un promedio de 10 mil millones de pesos.

“Tan sólo CAPA y Sefiplan, de un plumazo, tronaron mil 500 millones de pesos en cuanto al préstamo de CAPA y la concesión de Aguakán; eso es tan sólo en un movimiento. Sumenle el remate de predios, el tema de VIP Saesa… la contratación fue en dólares”, añadió.

Quebranto por 500 millones de pesos en VIP Saesa

En entrevista el fiscal general, Miguel Ángel Pech, precisó que la detención de Acosta Gutiérrez ocurrió ayer en la ciudad de Chetumal, fruto de las denuncias hechas por la Sefiplan, por el quebranto financiero presuntamente provocado al erario estatal.

“El monto va de marzo del 2011 a septiembre de 2016; hay un avalúo preventivo financiero, de aproximadamente 534 millones de pesos.

“Supuestamente se pagaron servicios que no se realizaron de acuerdo a las constancias; o sea se pagaban viajes que finalmente no se prestaban, esos servicios. Las horas vuelo no coinciden con los precios finalmente pagados”, explicó el funcionario.

El cargo que se imputa a Acosta Gutiérrez es el de probable desempeño irregular de la función pública y alcanza penas de seis meses a tres años de cárcel y no amerita prisión oficio

Los vuelos de Borge

Al respecto, el diputado Emiliano Ramos detalló que, en septiembre del año pasado, a la entrada de la Legislatura, las investigaciones hechas sobre la operación de VIP SAESA arrojaron que los aviones propiedad del estado eran usados por personas que no eran funcionarios públicos.

“Félix González Canto, como senador, usó el avión en 142 ocasiones; el padre de Roberto Borge, también usaba el avión; familiares y dirigentes del PRI; lo segundo que descubrimos fue que hubo un avión que le habían vendido al gobierno y que desapareció y que ahí, si bien hay una empresa que defrauda al estado, hay un error de omisión de hacer la compraventa.

“Tercero, que se gastaron en el sexenio 40 millones de dólares y 319 millones de pesos para subcontratar a 22 empresas, siendo la mayor beneficiada Villa Rica, que de los 40 millones de dólares, facturó 35 millones de dólares y que jamás Carlos Acosta pudo decirnos quiénes usaron esos aviones, cuál fue la utilidad pública de esos vuelos, qué funcionarios estaban ahí y qué destino fue de los vuelos”, ahondó.

El legislador indicó que se entregaron siete cajas con expedientes, a la Secretaría de la Gestión Pública, para presentar la denuncia penal.

“Ahora esperamos que de estas diligencias se pueda llegar a los verdaderos responsables, que son Juan Pablo Guillermo (ex titular de Sefiplan) y Roberto Borge; el ex gobernador era el presidente del Consejo de Administración y el otro, el tesorero.

“Que expliquen si realmente hubo vuelos o si sólo metieron las facturas; no sabemos para qué usaron los aviones ni a dónde viajaban; esa es una irregularidad y está penado por la ley, por eso Carlos Acosta está detenido”, sostuvo.

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