Daniela

es una mujer indígena quien vive una pesadilla que no termina. Se trata de la sombra de un matrimonio no deseado que ha truncado su libertad y continúa amenazándola.

Originaria de Santa Lucía Mon-teverde, Putla Villa de Guerrero, a Daniela, cuyo nombre real se omite por razones de seguridad, se la había intentado robar un hombre con quien nunca había intercambiado ni una sola palabra y con quien finalmente la obligaron a desposarse. Fue por esa razón que luego de la boda forzada Daniela tuvo que huir del naciente hogar.

Como si fuera fugitiva de un crimen, para la joven de 24 años volver a su comunidad es motivo de terror, pues corre el riesgo de ser nuevamente obligada por sus familiares y autoridades a permanecer con un varón desconocido y con quien nunca ha vivido.

La hermana de la víctima, quien también pide reservar su identidad, asegura que el esposo chantajeó a la familia y a las autoridades de la comunidad. Dijo que se quitaría la vida si su esposa forzada no vuelve. El esposo ronda los 30 años de edad.

Del rapto a la boda

Hace poco más de un año, Daniela tuvo que salir huyendo de su comunidad situada a más de 300 kilómetros de la capital y donde la energía eléctrica aún es un lujo. Escapó luego de ser casada a la fuerza por sus padres. A pesar de que logró salir, su libertad no es absoluta; el hostigamiento por parte de las autoridades municipales para que regrese es constante, asegura la hermana de la desposada.

El primer intento del hombre para que Daniela fuera su pareja, fue a través de un rapto. La hermana de la víctima cuenta que el robo de la pretendida no se concretó debido a que iba en compañía de otra de sus hermanas.

Pero la frustración del rapto fue recompensada con el permiso de los padres para que la joven se casara. “No sé los motivos por los que aceptaron el matrimonio”, expresa la hermana de Daniela. La ilusión por la boda nunca existió. Mientras que su madre la llevaba de la agencia municipal de Agua de Toro a Santa Lucía Monteverde, Daniela sólo podía pensar en desaparecer, pero al llegar al Registro Civil del municipio todo estaba listo para concretar el enlace y sólo hacía falta su firma en el acta de matrimonio.

Debido a esa situación, la víctima presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que inició el expediente DDHPO/0890/(18)OAX/2017, por el que se solicitó al presidente municipal de Monteverde, Leónides José Sánchez, la adopción de una medida cautelar. Ésta consiste “en que se instruya al servidor público señalado como probable responsable, para que se abstenga de causar actos de molestia, que no se encuentren debidamente fundados ni motivados, en contra de la persona, bienes, derechos propiedades y posesiones de la agraviada”.

También pidió al edil de la comunidad y a la Dirección del Registro Civil del estado que en un plazo de ocho días hábiles rindan un informe detallado y completo sobre los actos constitutivos de la queja. Hasta el momento no ha habido respuesta.

Perseguida

Su hermana dice que los sueños de Daniela por estudiar una carrera profesional están a punto de desplomarse. Su mente divaga día tras día tratando de buscar la forma de obtener la libertad que perdió con el consentimiento de su propia familia. Para la mujer indígena de Santa Lucía Monteverde este es su mayor deseo, explica.

“Mi hermana tiene miedo a que la obliguen a vivir con esa persona que no quiere. Buscamos apoyo, pero no sabemos cuánto tiempo tarde esto”, expresa envuelta en angustia. El miedo de ambas es que en el expediente de la DDHPO se detalla que las autoridades actuales buscan a la joven y la citan en las oficinas municipales de su comunidad, en la Sierra Sur de la entidad.

El síndico municipal de Monteverde, Severiano Peña Vázquez, sostiene que el requerimiento de la joven en la comunidad es para que dialogue con su esposo y puedan divorciarse. “El joven también quiere el divorcio y pidió a las autoridades apoyo para localizarla”, dice el funcionario municipal, y asegura que no se actuará contra la voluntad de la mujer en caso de que atienda la petición. Confirma que los requerimientos para que se presente se han realizado en dos ocasiones.

El coordinador de la Visitaduría General de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, desvirtúa dicha versión. Dice que tanto la administración municipal anterior como la actual citan a la víctima para que regrese a la comunidad para vivir con su esposo.

Otros casos

Juan Rodríguez Ramos, funcionario de la Defensoría, indica que a más de 20 días de dictadas las medidas cautelares para Daniela, ni las autoridades municipales ni las estatales habían aceptado las recomendaciones. Por ello la joven decidió salir del estado.

La DDHPO asegura que dará acompañamiento a la indígena hasta que su situación jurídica se resuelva. El organismo también considera que los hechos son una grave violación al libre derecho de elección sobre el proyecto de vida de una mujer, pero mientras no concluya la investigación se reserva el diagnóstico sobre los agravios.

Hace aproximadamente cuatro años, la Defensoría registró otro caso donde se pretendía entregar a una joven para contraer matrimonio contra su voluntad.

Se trató de una menor de 15 años de la zona triqui, quien sería casada con un hombre adulto. Para tal caso se dictaron medidas cautelares, la niña estuvo bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hasta cumplir la mayoría de edad, y ahora vive fuera de la entidad.

La presidenta del Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos, Ximena Avellaneda, consideró que es elemental el hecho de que “una mujer no puede ser obligada por padres o autoridades a contraer matrimonio con quien no se desee”. Lamentó que en algunas comunidades de “usos y costumbres” se consideren las vidas de niñas y mujeres como objetos.

Daniela aún vive escondida fuera de su comunidad, desea volver pero sin ser presionada a vivir con alguien a quien no conoce ni quiere.

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