Abre FEPADE investigación por acarreo en Chiapas

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Prospera durante el informe del senador priísta Roberto Albores Gleason, el sábado pasado en esta ciudad.

Luis Espíndola Morales, director general adjunto de Servicios Legales y Dictámenes de esa dependencia, detalló que la fiscalía recaba evidencias sobre las denuncias para el inicio de una indagatoria formal.

El funcionario federal explicó que se considera la información de los hechos “y se están corroborando los mismos con la finalidad de realizar las indagatorias y tener elementos para conducir una investigación confiable y fidedigna”.

De acuerdo con la ley, afirmó, los servidores públicos que condicionan programas sociales pueden recibir sentencia de hasta 12 años de prisión.

Agregó que el condicionamiento de programas y uso indebido de recursos públicos con fines electorales afectan el sistema democrático del país.

El sábado, beneficiarias de Prospera, provenientes de diferentes regiones del estado, denunciaron que fueron obligadas a asistir al informe de labores del senador tricolor para conservar el apoyo.

El martes, por esas denuncias, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cesó a cuatro promotores sociales de Prospera en Chiapas. Se trata de Héctor Rivera, Pamela Ortiz, Juana Sosa y Priscila Cruz.

Además, los reporteros Nehemías Jiménez y David Morales denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) que fueron agredidos, privados de su libertad y despojados de su equipo de trabajo cuando documentaban el presunto acarreo.

Por su parte, Albores Gleason se deslindó de los señalamientos y pidió que las denuncias fueran investigadas por las autoridades competentes. Consideró que se trató de “una dinámica de guerra sucia”. Asimismo, condenó la agresión contra ambos periodistas.

“Caminé parajes, rancherías; hicimos invitaciones públicas para que llegaran todos; si existe alguien que fue condicionado que presente denuncia formal y me sumo a ella”, añadió.