Jojutla. — La apertura de la fosa del panteón nuevo de Jojutla está próxima a realizarse, como previno la Fiscalía General del Estado, por lo que resguardó el área para la exhumación de 38 cuerpos.

Luego de dos años y medio que la entonces Procuraduría Regional del Sur realizó la inhumación, fue hasta el pasado lunes que envió un oficio al municipio en el que “queda asegurada la fosa común ubicada en la acera nororiente, con una superficie total de 3 mil 321 metros 61 centímetros cuadrados para preservar el lugar, para evitar que se destruyan, alteren o desaparezcan evidencias relacionadas con la carpeta de investigación JO-UEDD/1454/2016”, indica el oficio.

El grupo de trabajo en Jojutla inició actividades encabezado por el fiscal regional de la zona surponiente, Alejandro Chávez Carmona, para resguardar el perímetro de la fosa común, que en su momento generó múltiples quejas de los vecinos cuyas propiedades colindan con la barda del camposanto por los malos olores y las condiciones en las que fueron enterrados los cadáveres.

El alcalde de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó el mandato para que el área de la fosa común del panteón de la colonia Pedro Amaro quede asegurado, sin revelarse aún la fecha para el proceso de exhumación y reinhumación de los cuerpos en el panteón Jardines del Recuerdo, en Cuautla.

La apertura de esta fosa es la continuación del caso de las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, donde se inhumaron de forma irregular 119 cuerpos el 28 de marzo de 2014. Cuatro meses después se inhumaron los 38 cuerpos en Jojutla.

El caso de Oliver Wenceslao, un joven de unos 30 años privado de su libertad en Cuautla, asesinado, identificado por sus familiares y aun así enviado a la fosa común en calidad de desconocido, desveló una serie de anomalías en el proceso de inhumación.

La familia inició una batalla legal, por lo que el cuerpo del joven y el de una maestra presunta víctima de secuestro en Yautepec se entregaron a sus deudos a finales de 2014.

Diversas organizaciones no gubernamentales y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos arroparon el caso y pugnaron, con la familia de Oliver, por la apertura del lugar para dar digna sepultura a los cuerpos restantes.

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