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Desde hace más de dos años, pobladores serranos han sido expulsados de sus tierras en los municipios de Zirándaro de los Chávez, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso —en Tierra Caliente— por la presencia de bandas delictivas que se han adueñado de los bosques de la zona para talar árboles de maderas finas.

Sólo en la parte alta de la sierra de Zirandaro de los Chávez, familias de las comunidades de La Vinatita, El Aguacatito, El Ídolo, El Aguacate y Las Trincheras huyeron y ahora son pueblos fantasma con casas saqueadas.

Las pocas que siguen ocupadas están quemadas o baleadas.

De las 300 familias que vivían en esa zona sólo quedan 20; la mayoría parientes de las personas que integran el grupo armado que asola a la parte alta de la sierra de ese municipio.

Hace dos meses, los hermanos Roberto y Mario fueron atacados a balazos cuando limpiaban la tumba de su madre en la comunidad del Aguacate. En el lugar murió Roberto, mientras que Mario fue levantado sin que hasta la fecha se sepa de él.

Según habitantes del lugar, días antes habían sido advertidos para que abandonaran sus tierras.

Familiares denunciaron que el mismo grupo armado rafagueó su casa y sacó a su familia a la fuerza despojándolos de dinero, y de todos sus bienes, por lo que tuvieron que abandonar sus tierras con el temor de ser asesinados o levantados como sus familiares.

Habitantes de la zona acusan a los militares de estar coludidos con el grupo armado que opera en la zona, pues dicen que estos hechos ocurren a plena luz del día y, en muchas ocasiones, frente a los elementos de seguridad.

Manifestaron que el grupo armado los ataca porque han hecho de su negocio la tala inmoderada de bosques de maderas finas de pino, encino, madroños, copales y nogales, que venden a empresarios de la Ciudad de México.

Zona insegura. De igual manera habitantes de las comunidades del Carrizal, Rancho Viejo, las Palancas, la Laguna los Vallados y el Porvenir —de la parte alta de la Sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso—, más de 300 familias fueron expulsadas a punta de asesinar a los habitantes que se rehúsan a entregar sus bienes.

Casas quemadas, ejecutados y descuartizados son mecanismos de los grupos armados para causar temor en los lugareños. Eso ha llevado a que rancherías como Santa María Santa Fe, Paso Real y Zapotitlán sean pueblos fantasma donde las más de 50 familias de las comunidades tuvieron que huir.

A esto se le agregan rancherías grandes que están semi despobladas como Puerto Grande, La Laja, Puerto del Coco, San Rafael, Las Garzas y San Marcos, donde más de 250 familias han tenido que emigrar a entidades vecinas como Morelos, Estado de México, Morelia y a Chilpancingo.

Sólo el mes pasado un grupo armado denominado Los Arreola secuestró a dos menores y quemó la casa de sus padres, con la advertencia de que si no abandonaban sus tierras, los matarían a todos.

Este grupo hace siete meses secuestró a una maestra, dos mujeres y un bebé; ahí mataron al papá de un recién nacido y lo colgaron con un letrero que mencionaba que si los pobladores no desocupaban la comunidad de Rancho Viejo correrían el mismo destino.

Más de 10 familias abandonaron sus lugares de origen desde este miércoles, cuando se realizaba una fiesta en el municipio de Coyuca de Catalán por temor a ser asesinados por el grupo armado que ejecutó a sus familiares.

Fuera de sus casas y desesperados, pobladores de las zonas afectadas piden al gobierno federal su intervención pues aseguran que los están matando y robando, “sin que ninguna autoridad haga algo”, por lo que piden al presidente Enrique Peña Nieto que tome cartas en el asunto.

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