Distintas organizaciones que integran la Agenda Feminista de Jalisco exigieron al gobierno del estado que active la Alerta de Violencia en contra de las Mujeres.
Aseguran que el mecanismo debería funcionar desde el pasado 5 de enero, pues ha concluido la etapa de análisis que solicitó la administración estatal para evaluar la situación de violencia de género que se vive en la entidad.
Alejandra Cartagena, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), explicó que el grupo interinstitucional que hizo el análisis sobre las formas de violencia que sufren las mujeres en Jalisco entregó su informe al respecto.
Entre las personas que exigen la activación se encuentra Mario García Gómez, padre de Betsabé García Hernández, quien en septiembre del año pasado fue asesinada por su pareja, Alberto Servín.
El relato de este hombre revela la crueldad con que Servín Álvarez, quien sigue prófugo, obligó a sus cinco hijos —ninguno mayor de 10 años— a ver cómo lastimaba y dejaba desangrar a Betsabé; desde entonces, los menores dejaron la escuela y no salen a la calle por el miedo hacia su padre.
“Quieren ver a su mamá y se ponen como si estuvieran viviendo aquel día; no se olvidan tan fácil, son niños y no se imagina uno el dolor que sientan ellos”, señala Mario García.
Recuerda que su hija acudió a pedir ayuda a todas las dependencias posibles, pero en lugar de darle protección minimizaron el problema.
Durante más de 10 años Betsabé sufrió maltratos hasta que en agosto de 2015 corrió de su casa a su pareja; pero Servín Álvarez volvió un mes después y esperó a que todos estuvieran dormidos para atacarla.
Los niños quedaron a cargo de los abuelos, que los llevaron a la Procuraduría Social para recibir atención sicológica, pero la defensora les dijo que sus bajos ingresos eran motivo suficiente para quitarles a los pequeños; además le pedían ocho mil pesos para que cada niño tuviera un tutor.
En cuanto a las investigaciones que sigue la fiscalía por el asesinato de Betsabé, su familia considera que no se están recabando datos ni pruebas, que hay deficiencias y no hay interés por hacer justicia.
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