Critican iniciativa de Ley de Participación Ciudadana

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La Ley de Participación Ciudadana, que este sábado podría aprobar el Congreso del Estado, “es violatoria y limitativa de los derechos humanos al estar otorgando a los ciudadanos sólo el derecho a opinar, pero no a decidir”, y ni siquiera a opinar en varios instrumentos que contempla, advirtió Lilia González Amaya, representante del movimiento La Democracia Participativa, con más de 20 años participando en luchas sociales.

El proyecto de nueva normativa, que el miércoles fue aprobado en comisiones y establece las figuras de revocación de mandato, consulta popular, presupuesto participativo, audiencias públicas y contralorías ciudadanas, “nace con defectos que serán difíciles de subsanar, comparable a un bebé que nace con algún síndrome poco común”, dijo González Amaya.

Agregó que es una ley “controladora” que pretende restar autonomía al ciudadano para influir en la orientación y la gestión pública en un marco democrático y de soberanía como establece la Constitución y “más bien parece una ley de revocación ciudadana”.

Consideró que la forma de presupuesto participativo que contempla es discrecional, ya que serán las autoridades las que decidan en qué rubros se aplicarán los recursos y en lo que constituye una aberración total, los gobernantes y diputados electos, podrán solicitar la revocación de su mandato.

Asimismo, cuestionó que se elimine la figura de rendición de cuentas quizá por considerar que ya existe en los ordenamientos legales, aunque nadie los cumple ni recibe sanciones.

“Parece que las consultas a los ciudadanos por el Congreso cayeron en saco roto y sólo fueron simulación”, señaló la activista.

Mala interpretación. A su vez, el analista político y estudioso de temas electorales, Abraham Nuncio Limón, expuso que tal como está redactado el dictamen, “la revocación de mandato, por lo desproporcionado de sus requisitos y los filtros que establece para activarlo, es un instrumento de defensa del poder y no de los ciudadanos en contra de los funcionarios”.

Asentó que la propia revocación de mandato, a la que hubo en el pasado una resistencia por parte de varias legislaturas, se nulifica en la práctica al establecerse un porcentaje desmedido —al menos el equivalente a 10% de la lista nominal del estado o del municipio, según el caso, con corte al 30 de septiembre del año previo a la solicitud—, para activar el mecanismo electoral a efecto de que la ciudadanía acepte o rechace la solicitud.

Dijo que en la interpretación de los propios “antecedentes” del dictamen, desde el punto de vista gubernamental, se ve la revocación de mandato como una “irregularidad”, un instrumento reactivo, el cual principalmente empodera a los actores que se encuentran dentro del gobierno, “lo que hace casi imposible que un ciudadano fuera de grupos de poder pueda hacer uso de este instrumento”.

Expresó que lo negativo del dictamen es que pretende hacer ley su propia interpretación: “Impide a los ciudadanos, fuera de grupos de poder, que pueda hacer uso de este instrumento frente a los gobernantes”.

Asimismo, comentó que hasta hoy los consejos ciudadanos han asumido el papel de burocracias simuladas sujetas a las decisiones, y aun caprichos, de los funcionarios de turno.

En ese sentido, “es incomprensible que se haya reintroducido la figura en la LPC”, pues crear comités, asambleas y consejos ciudadanos “oficiales” milita en contra del juego de autonomías que supone la democracia.

“No dejamos de rozarnos con el fascismo. Los consejos ciudadanos pasarán de burocracias simuladas a subautoridades sin responsabilidad”, dijo.