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La empresa DSI, encargada de recopilar los votos de los chiapanecos que viven en el extranjero para el proceso de julio, se deslindó de los delitos que presuntamente cometió Roberto Pardo Molina (PVEM), a quien le retiraron el fuero para que responda a las acusaciones.
“La empresa se deslinda de los hechos con la actuación que realice cualquier funcionario público, candidato o partido político previo, durante y posterior a su participación en el proceso electoral”, señala.
La compañía admitió que existe “parentesco de uno de los militantes de la empresa” con Pardo Molina, pero aclaró que el contrato con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se realizó tres y medio meses antes de que fuera postulado el candidato del PVEM, quien obtuvo el triunfo y es conocido como el diputado 41.
Explicó que al momento de suscribir el acuerdo ni siquiera estaban registrados los precandidatos y cuando se dieron a conocer los nombres de los candidatos, cinco semanas antes de la jornada, no iban a cancelar el contrato, pues entre las consecuencias habrían estado las sanciones por inclumpliento, aunado a diversas demandas.
El día que los legisladores votaron por el desafuero de Pardo Molina, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) encontró que la empresa que organizó el proceso de elección en el extranjero es de un familiar del diputado.
Explicó que la solicitud de desafuero fue realizada por la Procuraduría de Justicia del estado y se le dio cauce para que pueda enfrentar el proceso penal ante la Fepade.
A Pardo Molina también se le investiga por la probable adulteración del padrón de los chiapanecos en el extranjero, pues en la jornada del 19 de julio votaron ciudadanos que nunca han salido de Chiapas.
Aunque en este supuesto no se involucró a la empresa, DSI elecciones negó que haya manipulado el padrón de votantes y, por ende, la elección; al contrario, señaló que colabora con la Fepade para aportar los elementos y datos que le han solicitado como parte del caso.
Destacó que son la única compañía del país con experiencia en la elección del diputado migrante, así como en más de 30 procesos en el país, por lo que “bajo ningún motivo se prestaría a realizar actividades delictivas que pusieran en riesgo el prestigio de la empresa”.
