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Autoridades de gobierno y Organizaciones No Gubernamentales trasladaron brigadas de ayuda a un centenar de familias de migrantes centroamericanos que trabajan en situación de miseria en el basurero de la ciudad de Tapachula.
Este sábado, voluntarios colaboraron con la entrega de alimentos, ropa y calzado a las familias, la mayoría originaria de Guatemala.
Médicos proporcionaron consultas y medicamentos a esa población vulnerable, que padece principalmente enfermedades gastrointestinales, respiratorias y epidérmica, derivada de la actividad de la recolección de desechos.
Al lugar llegó también personal de servicio social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que apoyó con cortes de cabello y aseo personal a la población infantil.
Ramón Verdugo Sánchez, coordinador del albergue para migrantes Todo por Ellos, destacó el apoyo ciudadano y criticó la ausencia de apoyo gubernamental.
La ayuda oficial, dijo, es la que “no ha llegado; hemos visto que la sociedad civil y las iglesias han participado y se han acercado más aún y lo están haciendo con mayor frecuencia, pero la ayuda institucional no ha llegado”, lamentó.
La ayuda institucional, subrayó es “la más importante porque es la que tiene el recurso para que el apoyo sea permanente en cuestión de salud, alimentación y educación”, manifestó.
El activista explicó que en dos colonias de los alrededores del basurero habitan unas 100 familias en situación de miseria.
Detalló que los niños reciben clases en una improvisada escuela de palos, lonas, láminas y piso de tierra, por ello se insiste en la construcción de aulas adecuadas.
Verdugo Sánchez, recordó que en días pasados se habilitó un comedor escolar para el cual ha solicitado el programa de desayunos escolares del gobierno federal, pero no tienen respuesta aún.
Las brigadas de ayuda de este sábado fueron apoyadas por la organización de médicos Jóvenes Transformando Mentes, la Asociación Civil de Periodistas Nueva Era, la Policía Federal y la iniciativa privada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2007una recomendación a las autoridades locales por la situación precaria de esas familias, pero según los activistas y defensores ésta no ha sido atendida.
crs
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