Mando del DIF vendía niños en 20 mil dólares

Denuncia anónima descubre red de tráfico de menores; identifican a 9 infantes registrados en adopción de forma irregular

ARCHIVO. EL UNIVERSAL
Estados 28/08/2015 03:07 Amalia Escobar / Corresponsal Actualizada 03:45

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Hermosillo.— Una denuncia anónima puso al descubierto una red de complicidades en la compra-venta de al menos nueve menores en el Sistema DIF estatal, entre funcionarios, médicos del Hospital Integral de la Mujer en el Estado de Sonora (HIMES) y parejas con deseo de adoptar un menor.

El procurador del estado, Carlos Navarro Sugich, informó que desde el pasado 18 de marzo se inició una investigación, luego de que la Policía Estatal Investigadora (PEI) recibió una denuncia anónima en la que se acusó a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, subprocurador de la Defensa del Menor y de la Familia, y coordinador de la Línea Protege, destinada a recibir denuncias de maltrato infantil, de tener retenido de manera ilegal a un bebé.

Derivado de dicha indagatoria, se identificaron a nueve menores —seis niños y tres niñas— que fueron registrados de manera irregular, cuyos padres adoptivos pagaron montos que oscilan entre los 80 mil y los 150 mil pesos, así como otros 15 mil pesos por el aviso de nacimiento; si los interesados eran mexicanos, y hasta 20 mil dólares si eran extranjeros.

Al respecto, se giraron dos órdenes de aprehensión en contra de Arzate como probable responsable de la comisión de los delitos de incumplimiento de un deber legal, cuya penalidad va de uno a ocho años de prisión e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar un cargo público.

También por suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, cuya pena es de seis meses a seis años de cárcel, así como por sustracción y tráfico de menores e incapaces, cuya pena es de 15 a 40 años de prisión.

Además, se giró orden de aprehensión en contra de José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera Regional de Sonora, como probable responsable de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, así como por sustracción y tráfico de menores.

La Procuraduría solicitó también orden de aprehensión en contra de otras 14 personas —entre las que se encuentran algunos padres sustitutos—, como probables responsables de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante.

Modus operandi. Como parte de la investigación, se logró establecer que Vladimir Arzate obvió el procedimiento legal y demás trámites para realizar la entrega de los menores, en su mayoría hijos de mujeres vulnerables por problemas de adicciones o trabajadoras agrícolas.

Para tal efecto se aprovechó del procedimiento legal para la entrega-recepción de infantes y en lugar de ponerlos a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor o de internarlos en el DIF, los entregaba ilegalmente a parejas que deseaban adoptar y que se hacían pasar por sus padres biológicos.

Para los trámites utilizó documentación oficial, que firmaba Vladimir en ausencia del procurador de la Defensa del Menor y la Familia.

José Manuel Hernández y Vladimir Arzate contactaron a un médico, quien a cambio de dinero les proporcionaba el aviso de nacimiento con el nombre de la madre, listo para que se plasmara su firma y la huella de la planta del pie del bebé respectivo. Ya con esa documentación entregaban a los menores a los padres sustitutos, quienes los llevaban al Registro Civil donde obtenían el acta de nacimiento.

José Manuel visitaba o llamaba telefónicamente a parejas que querían adoptar y les ofrecía un “trámite exprés” a cambio de las sumas citadas.

De acuerdo con las investigaciones, desde 2012 los implicados habían establecido esta red ilícita.

El procurador del estado señaló que la causa penal se mantiene abierta para continuar con la investigación.

Luis Antonio González Ramos, director del HIMES, defendió la integridad y la ética del personal a su cargo, aunque dijo estar abierto a cualquier investigación.

El director del Registro Civil, Raúl González de la Vega, comentó que está colaborando con la Procuraduría, pero dijo que a esta dependencia, las personas que registraron niños ya llegaron con sus documentos en orden.

Sobre si la situación tendrá impacto político por ser Iveth Dagnino —esposa del gobernador— quien está al frente del DIF Sonora, dijo que “el altruismo de las primeras damas no tiene que ver con los malos servidores”.

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