Son varios los responsables

El 19 de septiembre, como hace 32 años, la capital del país volvió a quedar herida. No en las proporciones que se vivieron en 1985, pero lo suficientemente dañada en algunas zonas para causar el enojo en miles de personas que vieron perder su patrimonio en unos segundos y muchas de ellas a seres queridos.

La molestia es justificada porque en teoría las nuevas construcciones en la Ciudad de México estaban sometidas a requisitos más estrictos por parte de un reglamento de construcción que se ha venido actualizando para tratar de hacer frente a los riesgos sísmicos que enfrenta la zona central del país.

Pero las duras exigencias de la normatividad fueron efectivamente solo teoría porque varios de los inmuebles caídos en el terremoto del mes pasado, tenían apenas unos años de haber sido edificados; algunas constructoras responsables de levantar esos inmuebles aseguraban que los materiales utilizados eran de la más alta resistencia y ofrecían seguridad ante temblores.

Era probable que ante la combinación de factores el colapso de varias estructuras haya sido inevitable. La intensidad del movimiento se debió a la cercanía de la ciudad con el epicentro (a 100 kilómetros de distancia) y ahora sabemos que la ciudad está asentada sobre una falla geológica. ¿Cómo saber si eran inevitables los derrumbes? La autoridad tenía que hacer su trabajo y emitir su dictamen.

Uno de los primeros arroja lo que muchos temían sobre la caída parcial del edificio ubicado en Emiliano Zapata 56: la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelo, no cuenta con aceros y dimensiones para soportar la edificación ni con la constancia de seguridad estructural.

Por ese motivo ayer se anunció la primera detención relacionada con ese inmueble.

No debe ser la única ni las acciones deben limitarse a indagar sólo entre los constructores. La acumulación de irregularidades no pudo pasar sin la complicidad de una o varias autoridades delegacionales.

Hay 184 carpetas de investigación iniciadas por los edificios colapsados y las personas fallecidas en septiembre. De cada una debe haber resultados puntuales y llamar a cuentas a involucrados sin importar su jerarquía. Es hora de que se cumpla el viejo lema de que para la ley todos somos iguales.

Ante el reclamo de una sociedad lastimada por la tragedia del mes pasado, la acción contra un empresario por su presunta implicación en la construcción irregular de un inmueble debe ser apenas la punta de una madeja que arroje más responsables.