Sociedad violentada

Editorial EL UNIVERSAL

La lucha contra las drogas emprendida en México hace ya más de diez años ha transformado negativamente el panorama social en múltiples lugares del territorio nacional. Ha repercutido asimismo en el contexto económico de muchos estados y comunidades y, en suma, ha trastocado por demasiado tiempo para miles de habitantes la paz que alguna vez conocieron.

Desapariciones, enfrentamientos armados en plena vía pública, ataques de sicarios a bares y plazas, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzosos y por supuesto los miles de muertos que esta “guerra” ha dejado, han instaurado de facto un Estado de sitio —como en una nación en guerra— en muchos pueblos y ciudades por periodos prolongados, lo que sin duda ha marcado y marcará a varias generaciones. Y ésto, muy grave en sí mismo, se presenta hoy sólo en su fase embrionaria, pues conoceremos sus verdaderos efectos pasado un tiempo.

En este contexto, independientemente del éxito —aún no medible— o fracaso de la estrategia contra el crimen organizado seguida en los últimos dos sexenios, conviene retomar las palabras del director del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, en entrevista para EL UNIVERSAL, en el sentido de que la violencia o alguna de sus demostraciones, ya sea que ocurra en situaciones de guerra o de criminalidad, como es el caso de México, tiene las mismas consecuencias sociales y psicológicas para las personas y comunidades.

El impacto que ha tenido en la población la violencia ocasionada por el crimen organizado es similar al que sufren personas cuyas naciones se encuentran en guerra, afirma Maurer. Más concretamente, para este organismo internacional una de las mayores preocupaciones es que la violencia generada por la delincuencia está ocasionando que en algunas entidades —como Tamaulipas— los ciudadanos no puedan acceder a servicios tan básicos como educación o salud.

La preocupación de la Cruz Roja se extiende a toda América Latina. La violencia en la región, dice Maurer, lleva tiempo gestando un rompimiento de las comunidades con serias repercusiones, varias ya tangibles, como la migración y las violaciones a derechos humanos a que los inmigrantes están expuestos.

La violencia, entonces, está irrumpiendo en el funcionamiento de servicios sociales básicos de las comunidades, dificultando acceder a ellos. Ante ello, México, que no es un país estrictamente en guerra, pero sí con una grave crisis humanitaria y de violencia, debe reevaluar en serio la estrategia a seguir contra la delincuencia organizada, para encontrar el equilibrio entre seguridad y protección, y que ésto se haga en el marco de la ley, con protocolos que aseguren que las personas sean protegidas de la mejor manera posible en cuanto al uso de la fuerza.

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