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El caso del fideicomiso convocado por Morena para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017 —por el cual el INE multó al partido político— saca a relucir, de nueva cuenta, un problema frecuentemente debatido: el uso de fideicomisos.
La acusación del INE contra Morena, por los movimientos realizados en dicha cuenta, es un caso sui géneris. Se trata de recursos que no provienen del erario, pero que el instituto juzga fueron empleados para beneficio del partido que convocó a la creación del fideicomiso. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que la acusación levanta una sospecha de corrupción injustificada contra su movimiento, debido a que jamás se ha comprobado que el dinero haya sido desviado a fines no altruistas. Quizá pasarán meses antes de que se tengan todos los elementos para dilucidar la complejidad del caso.
Lo que sí es indiscutible, es que la polémica abre una oportunidad para volver a poner luz sobre el tema de la proliferación de fideicomisos privados para administrar dinero con objetivos de interés público. En el ámbito electoral, aun si en tribunales se favorece a la causa de López Obrador, es importante determinar si en adelante se permitirá que partidos —o sus integrantes— formen en el futuro estas figuras jurídicas para objetivos altruistas, a pesar de que los adversarios vean en ese acto un fin político, considerando que se realice de nuevo esta práctica a mitad de campaña.
Una discusión que habría que tener también —diferente, pero paralela— son los otros casos de instancias de poder público, desde la propia Secretaría de Hacienda, hasta la Cámara de Diputados, pasando por sindicatos, gubernaturas, ayuntamientos y entes autónomos, que usan fideicomisos para tener libre margen de maniobra en el uso de dinero público. En el mejor de los casos se interpreta que ello tiene la finalidad de agilizar la asignación del dinero, pero como dice el dicho: “en arca abierta (y opaca) hasta el más justo peca”.
Como lo documentó en mayo pasado esta casa editorial, en opinión de expertos, los cientos de fideicomisos que hay en México —de los cuales en muchos casos incluso se desconoce públicamente su existencia— son considerados cajas negras de los gobiernos: con escasa rendición de cuentas, y que en su mayoría utilizan el secreto bancario y fiduciario para evitar el escrutinio.
Desde 2014 la Auditoría Superior de la Federación ha advertido sobre su uso. Por ello, estos mecanismos, convenientes quizá en algunos casos, deben ser regulados cuando se involucra recursos públicos o cuando quedan inmersos en campañas políticas. De esa manera, no quedará a interpretación de cada quien cuándo se transgrede la ley o no
