Por años el Poder Legislativo federal ha gozado de completa libertad para autoasignarse infinidad de prerrogativas sin justificación, desde cuantiosos bonos navideños hasta seguros de gastos médicos mayores, siempre de espaldas a la ciudadanía.

Al ser el Congreso de la Unión el que determina el presupuesto y la manera en que se van a gastar los recursos públicos, sus integrantes y grupos siempre ha tenido un amplísimo margen de maniobra para dotarse a sí mismos, de manera opaca, de cuantiosos servicios y apoyos.

Estas prerrogativas, en muchos casos, se han conocido solamente gracias a publicaciones periodísticas que han ido exponiendo el despilfarro y mal uso que los legisladores suelen hacer de los recursos públicos.

Es así que ahora nos enteramos de que, en el marco de la anunciada nueva era de austeridad que dicen emprender, el Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados alistan la cancelación de aproximadamente 300 tarjetas de telepeaje, conocidas como IAVE, que cada Legislatura se les entregaban a los diputados federales —con un costo de más de 34 millones de pesos en sólo cuatro años— para que recorrieran las carreteras sin ninguna restricción. He aquí un claro ejemplo de los “apoyos” que diputados y senadores se otorgan con un alto costo para el erario.

La propuesta ahora es que solamente mantengan la prestación de tener una tarjeta IAVE los diputados federales con residencia en localidades que estén en el rango de 300 kilómetros a la redonda de la Ciudad de México. Con esto se prevé que sólo a aproximadamente 200 diputados federales que sí entran en este rango les sean asignadas las tarjetas.

Esto es algo desde luego loable y significativo, pues evidencia que con voluntad política y deseos de servicio a la ciudadanía puede realmente comenzarse a hacer la diferencia, por un lado, en el uso de los recursos, pero también en las formas y costumbres políticas, hoy tan importantes.

Pero lo que habría que preguntarnos aquí, lo verdaderamente relevante de todo esto, más allá del caso que nos ocupa, que tiempo atrás ya había sido dado a conocer EL UNIVERSAL, es cuántas erogaciones más como esta hay en el manejo que los legisladores hacen de los recursos públicos.

Por ello, habrá que estar atentos a que los actuales diputados den cumplimiento a lo que han dicho respecto a que van a hacer todas las modificaciones necesarias en los criterios de asignación de recursos de las Legislaturas anteriores, y a revisar, capítulo por capítulo, todos los servicios personales, materiales y suministros. Veremos.

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