Organizaciones civiles han expresado ya su preocupación por dos aspectos que han comenzado a relucir en lo concerniente a la forma que va tomando la tan esperada y polémica Guardia Nacional. Por un lado lo relativo a la capacitación de los elementos que la van a integrar (la cual ya se dijo será realizada por militares), y la segunda preocupación es en cuanto al mando, el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ya adelantó que va a quedar a cargo de un militar en activo.

El gobierno de la Cuarta Transformación ve como una necesidad que sea un militar el que esté al frente de la Guardia Nacional. “Experiencia, disciplina, rectitud y profesionalismo”, son las razones que dio el mandatario cuando se le cuestionó el por qué de poner a un militar al frente de una institución que desde su etapa de planeación se consideró que debía tener un carácter civil, precisamente para evitar los errores cometidos en el pasado por el Ejército, la Marina y las policías en contra de las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos, en la lucha contra el crimen.

La sociedad civil organizada ha manifestado una justificada preocupación de que a la Guardia se le haya dado en la ley un carácter civil pero que en los hechos tenga una directiva militar, ya que se expresa el temor de que así conformada se convierta en un aparato de Estado propenso a la violación de los derechos humanos.

Más que una burla, un engaño o una traición, como se ha comenzado a ver la decisión de encargar a un militar la responsabilidad de dirigir la Guardia Nacional, el gobierno ve en esa determinación la respuesta idónea a la problemática creciente de inseguridad y violencia —mismo contexto que llevó a calificar como un “estado fallido” a la gestión pasada. Sin embargo, ahora una serie de organizaciones independientes han expresado su rechazo al mando militar e incluso han solicitado la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para que se conmine al gobierno actual a dar marcha atrás en este sentido. Además, han manifestado también su intención de exigir al Poder Judicial que declare inconstitucional el establecimiento de una Guardia Nacional bajo el tipo de estructura como la recientemente anunciada por el presidente López Obrador. Lo mejor sería que el gobierno no descalificara de entrada estas preocupaciones y que así como ha dialogado con otros grupos que han recurrido a la violencia para hacer oír su voz —como la CNTE—, que así también aproveche la coyuntura y tenga apertura para dar oído a las expresiones de incertidumbre y desconfianza que comienzan a alzarse.

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