Educación privada, malas prácticas

Editorial EL UNIVERSAL

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Condicionar la entrega de documentos, retener o negarle a un estudiante la entrada a las instalaciones escolares, separarlo de sus compañeros en la realización de algunas actividades, colocar listas de alumnos morosos en tableros de los pasillos escolares (evidenciando y de paso humillando al estudiante que por alguna situación familiar se ha visto afectado en su situación económica) o incluso propinando maltrato psicológico o hasta físico, son tan solo algunas de las prácticas que han adoptado las instituciones de educación privada para presionar a los padres a cubrir el pago de una colegiatura faltante.

Y es que cuando el padre o madre de familia llega a quedarse sin trabajo o se ve obligado a desviar dinero para cubrir una emergencia, algunas escuelas privadas echan mano de recursos poco amables de presión para hacer efectivo el pago. En muy contados casos, los padres pueden llegar a un acuerdo con la institución para diferir la cobertura del adeudo, pero casi todas las demás optan por medidas más drásticas, como la expulsión inmediata del alumno.

Adicionalmente, muchas escuelas cargan intereses a las colegiaturas vencidas, haciendo aún más difícil de cubrir el pago para el o los padres que pasan por apuros económicos. Ello hace que cuando hay este tipo de conflicto, el mismo tenga que resolverse no ante instancias educativas, sino ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ya que se considera como la prestación de un servicio. De esto puede percibirse que hay muchos ámbitos de impunidad en las escuelas particulares como consecuencia de esta relación cliente-proveedor de servicios, pues algunos colegios incurren en actos ilegales al recurrir a métodos de presión como la retención de documentos oficiales expedidos por la Secretaría de Educación Pública a cambio de la liquidación de una deuda. Es por esto que hay que hacer un llamado a las autoridades tanto educativas como mercantiles, e incluso a los organismos e instituciones dedicados a la defensa de los derechos humanos, ya que va de por medio la estabilidad e integridad psicológica de muchos niños y adolescentes que acuden a las escuelas privadas a formarse y recibir enseñanza.

Estas malas prácticas son consecuencia de la proliferación indiscriminada de escuelas privadas, misma que obedece al declive en la calidad de la educación pública. En este sentido si ahora los trabajadores de la educación pueden jactarse de que recuperaron sus derechos laborales, ¿cuándo hablaremos entonces de mejorar la calidad de la educación pública?

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