¿Detener internet?

Editorial EL UNIVERSAL

Como en el retraso en el abasto de medicinas, las enfermedades y el conocimiento no conocen de pausas. Es indiscutible que la corrupción y los contratos abusivos tienen que combatirse, pero debe encontrarse la forma de no afectar a usuarios

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Internet tiene menos de tres décadas en el mundo, pero su vertiginosa expansión y evolución la han convertido en una imprescindible herramienta de comunicación, de entretenimiento, para difundir conocimiento, para informarse y para tener acceso a múltiples servicios que aligeran la vida cotidiana.

El derecho a internet para la población mexicana se incluyó en la Constitución Política desde 2013. Seis años después, la cobertura no se ha alcanzado de manera total, a pesar de que año tras año se mantiene a la alza. De acuerdo con el Inegi, en 2018 la población mayor a seis años usuaria de internet es de 74.3 millones, equivalente a 65.8% de la población. Tres años antes, en 2015, el porcentaje fue de 57.4%. El índice aún está lejos de naciones como Corea, Reino Unido, Alemania o Suecia, donde más de 90% de la población tiene acceso a internet.

Actualmente las opciones de contar con internet para muchos mexicanos son menores respecto al año pasado, pues de los 101 mil sitios públicos que deberían ofrecer el servicio de manera gratuita, más de la mitad dejaron de proporcionarlo. La razón: los contratos que soportaban la conectividad llegaron al término de su vigencia. Este lunes el Presidente de la República informó que los contratos están bajo revisión, pues se pagaba mucho por ellos. Pidió “aguantar un poco”.

Como en el caso del retraso en el abasto de medicinas a hospitales públicos, las enfermedades y el conocimiento no conocen de pausas. Es indiscutible que la corrupción y los contratos abusivos –si es que se dieron– tienen que combatirse, pero debe encontrarse la forma en que no afecte a usuarios.

De los más de 47 mil espacios públicos que quedaron sin internet desde mayo, 26 mil son instituciones educativas. Bibliotecas y oficinas gubernamentales también resultaron afectadas. Frenar el acceso puede implicar cortar oportunidades de desarrollo e impactar en estudiantes de escasos recursos.

Este gobierno se ha fijado como objetivo extender el servicio de internet a comunidades remotas por medio de una entidad pública. Para ello creó la semana pasada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, a la cual aún le tomará tiempo ofrecer el servicio. El plan, desde ahora, debe ser más ambicioso. No se trata solo de llevar internet a comunidades marginadas, sino delinear una estrategia para que incida en el desarrollo de los habitantes de estas zonas.

Mientras eso se concreta, el país no puede permitirse prescindir de internet en sitios de importancia educativa. El costo puede ser muy alto.

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