¿Adiós a la indolencia?

Editorial EL UNIVERSAL

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El tema de las personas desaparecidas ingresó al discurso oficial como resultado de la presión ejercida por grupos de la sociedad civil y de hechos como el de Ayotzinapa o el descubrimiento de fosas clandestinas, en distintas regiones del país, algunas con centenares de restos humanos.

El dolor de miles de familias que tienen un padre o un hijo desaparecido se transformó en exigencia al gobierno federal para que emprendiera acciones ante el problema. En noviembre de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aunque poco se avanzó. El año pasado se tuvo un presupuesto de 468 millones de pesos para la búsqueda de personas, de los cuales solo se ejercieron 6 millones de pesos.

Este lunes el gobierno de la República puso en marcha la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que con la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense busca sistematizar la información sobre familiares y personas desaparecidas al hacer la comparación de ADN, y tratar de contener una tragedia cuya magnitud se refleja en datos como 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos sin identificar en servicios forense y más de mil 100 fosas clandestinas.

Hay otras cifras que dan rostro a los desaparecidos: el número más alto son jóvenes de 17 a 29 años de edad y hasta 10% de quienes no aparecen son migrantes centroamericanos.

Las medidas que se anunciaron son de corte federal, pero a nivel estatal se requerirá también sensibilidad de la autoridad local para adoptar acciones similares. La ley en la materia establece que las entidades cuenten con Comisiones Locales de Búsqueda, obligación que registra un grave retraso, pues a más de un año de promulgada la ley apenas una decena de estados ha constituido la instancia respectiva.

Hasta ahora lo que había proliferado era la indolencia y negligencia oficial ante un tema que involucra a decenas de miles de personas con paradero desconocido y cuyo destino no puede simplemente ignorarse. Grupos ciudadanos han tenido que iniciar por cuenta propia el rescate de cuerpos en predios donde les han informado que podrían encontrarse restos humanos, con escaso o nulo apoyo de la autoridad.

Nadie puede desaparecer sin dejar rastro y menos decenas de miles. Lo que México ha vivido es el abandono de las tareas del Estado de seguridad y protección ciudadana. Una nueva opción parece abrirse para quienes claman por investigación. Ojalá sea así.

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