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Reparación y no repetición

19/03/2019
02:16
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El día de hoy, en el campus del Tecnológico de Monterrey en Nuevo León, el Gobierno de México ofrecerá una disculpa pública por el asesinato, a manos de militares, de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia del TEC. Una noche, hace nueve años, fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados que habían participado esa misma noche en un enfrentamiento con miembros de una banda delictiva. Para encubrir la ejecución de los estudiantes, se les identificó como sicarios del crimen organizado. Eso, se esperaba, garantizaría que nadie investigara el crimen. Ahora, después de 9 años de lucha de sus amigos y familiares, finalmente el Estado mexicano reconoce públicamente el crimen.

La muerte de Jorge y Javier no puede entenderse sin entender nuestra “guerra”. En 2010, cuando los estudiantes fueron asesinados, el despliegue militar llevaba 4 años y cerca de 50 mil soldados realizaban operativos en el país. La estrategia de seguridad militar trajo consigo una lógica de guerra —del enemigo— bajo la cual a la población civil se le protege, pero a los “otros”—a los delincuentes— se les elimina. Bajo esa lógica, la presunción de inocencia, el derecho a la integridad física o el derecho a la vida —corresponden sólo a unos, a los nuestros. Los “otros”, los enemigos, no tienen derechos. El problema es que para ser de “los otros” basta que las autoridades así lo crean o afirmen. A Jorge y a Javier los identificaron como sicarios porque eso legitimaba sus muertes. “Estaban armados hasta los dientes” afirmó la SEDENA. No hacían falta más pruebas para dispensar a las autoridades de investigar las muertes.

Entre 2007 y principios de 2014 murieron a manos del Ejército casi 4 mil personas. Muy pocas de estas muertes han sido investigadas. No sabemos cuántos más casos de falsos positivos, como el de Jorge y Javier, existen en esa cifra. El discurso de guerra nos permite decir que no importa, si eran enemigos merecían morir y si murieron es porque eran enemigos. Corresponde a familiares y amigos demostrar lo contrario.

Peor aún, desde 2014 el registro de muertos a manos del ejército dejó de hacerse público. Mientras que la SEDENA simplemente se ha negado a dar esa información, la PGR (ahora Fiscalía) no tiene registro de estas muertes pues no realiza investigaciones (y sólo registran lo que investiga). Son casi 5 años de no poder conocer el número de muertos a manos de la institución de seguridad más importante del país. La reciente reforma en materia de la Guardia Nacional, hace más preocupante esta omisión. Si bien en el cuerpo constitucional se creó una institución civil, parecido a la Policía Federal, en los artículos transitorios se otorgó —por cinco años— la facultad al presidente para hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Hace unos días, el pleno del INAI resolvió, por unanimidad, que la SEDENA debe hacer público el número de personas muertas a manos de soldados. Nadie duda que la SEDENA tenga esa información, el propio Secretario de la Defensa la citó recientemente ante el Congreso. La decisión del INAI, como la eventual respuesta que de la SEDENA, son fundamentales para establecer los criterios de transparencia que regirán al Ejército los próximos cinco años. Pero también es relevante en el contexto del asesinato de Jorge y Javier que sucedió en parte porque el que el uso máximo de la fuerza letal por parte del Estado es aceptable y no existían mecanismos de control ni rendición de cuentas.

Sin duda es positivo que el Estado reconozca su responsabilidad en un crimen injustificable; pero es también indispensable que se adopten las medidas necesarias para evitar que un caso similar vuelva a ocurrir. La no repetición significa que cada caso de uso de la fuerza letal sea investigado puntualmente. Debe además reconocerse cada muerte, de entrada, haciendo pública la información sobre los muertos.

División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea

Catalina Pérez Correa
Maestra y Doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).