Se encuentra usted aquí

Marihuana para los ricos, la prisión para los pobres

02/04/2019
02:17
-A +A

El Estado mexicano continúa en su quehacer cotidiano de detener y encarcelar a usuarios y jóvenes menudistas, y de erradicar cultivos ilícitos con pesticidas nocivos para la salud en las zonas más pobres del país. El mercado negro sigue floreciendo e incluso hay indicios de que parte del tráfico de productos de cannabis fluye ahora de la frontera norte al sur. Se producen legalmente en Estados Unidos para venderse ilegalmente en nuestros mercados. Mientras, los pacientes mexicanos, sus familiares, los empresarios, cultivadores y usuarios viven en una situación de incertidumbre jurídica y la desigualdad en la aplicación de la ley se hace cada vez más evidente.

Recientemente, por dos asuntos distintos, el tema de la regulación de la marihuana vuelve a la agenda pública. Por una lado se anunció la cancelación de los lineamientos en materia de cannabis que había expedido la administración federal pasada. Por otro, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad del delito de posesión simple de marihuana. Nuestra ley establece que traer consigo una sustancia ilícita en cantidades superiores a las establecidas en la tabla de dosis máximas para consumo personal de la Ley General de Salud será sancionada hasta con tres años de prisión, aun cuando no exista la intención de comercializar o regalarla. En el caso de la marihuana esto significa que si una persona trae consigo más de 5 gramos, debe ser encarcelada hasta por 3 años. Se trata de dos asuntos que muestran el atraso que aún hay en la materia y la resistencia por avanzar hacia una política de drogas más racional y menos dañina.

En 2017 se reformó la Ley para permitir la producción, comercialización e importación de productos de cannabis para fines medicinales. Sin embargo, las autoridades de salud no pusieron en marcha la reforma. Para octubre de 2018, a unos meses de concluir la administración de Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió unos lineamientos en materia de control de cannabis. Luego, sin hacer la necesarias modificaciones a otras normatividades y sin esperar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, otorgó licencias a un puñado de empresas. La suspensión de los lineamientos se da frente al desaseo que hubo en la publicación de los lineamientos y la entrega de licencias en condiciones de opacidad. Representa, desde mi punto de vista, una oportunidad para adecuar correctamente la reglamentación necesaria en materia de salud. Pero la imposibilidad de emitir una reglamentación a más de un año de la reforma, pone en evidencia las absurdas resistencias para movernos, aun mínimamente, de la política prohibicionista actual.

El caso de la posesión simple de marihuana en la Suprema Corte de Justicia, muestra por otro lado, la disparidad que hoy existe tanto en la aplicación de las leyes de drogas y en el acceso al amparo judicial. Recordemos que recientemente la Corte estableció jurisprudencia en la materia al resolver favorablemente 5 amparos consecutivos de personas que buscaban permiso de la Cofepris para cultivar marihuana para autoconsumo. En esos casos, dijo que la prohibición absoluta de la marihuana es desproporcionada y la política prohibicionista más dañina para la salud que el uso de la sustancia. La Cofepris por tanto, debía dar los permisos solicitados para el uso personal pues la decisión de consumir marihuana es además parte del libre desarrollo de la personalidad.

Resulta así que si una persona quiere usar marihuana en México —y no arriesgarse a ser encarcelada— debe antes pedir permiso a la Cofepris, esperar a que esta lo niegue, ampararse y esperar una sentencia favorable. No resulta difícil entender que solo quienes cuentan con recursos económicos suficientes para pagar un litigio pueden acceder a este caminito jurídico. Los más vulnerables, en cambio, seguirán sobrellevando el peso de la prohibición.

División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea

Catalina Pérez Correa
Maestra y doctora por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora e Investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora de Programa de Política de...